/ viernes 18 de octubre de 2019

Antena | Economía digital: pagar impuestos

Todo parece indicar que las empresas tecnológicas extranjeras que prestan servicios digitales en México perderán esta especie de “paraíso fiscal” en el que viven, ya que esta semana se aprobará en la Cámara de Diputados la miscelánea fiscal, en la que se encuentran las reformas a las leyes fiscales, a efecto de que estas empresas paguen los impuestos correspondientes. Ahora sólo falta que el Senado de la República haga lo propio.

Se trata de establecer un régimen fiscal equitativo y proporcional a los llamados servicios digitales —como Airbnb, Amazon, Netflix, Uber, YouTube, entre otros—, lo que, además de dar un trato fiscal equilibrado, otorga garantías de competencia efectiva frente a empresas mexicanas que están sujetas, indefectiblemente, al pago de impuestos.

Entre las actividades que ahora pagarán impuestos se encuentran la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, (incluyendo los de azar), así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos, estadísticas, clubes en línea, páginas de citas, entre otros.

La buena noticia es que estas grandes tecnológicas empezarán a pagar impuestos, y aunque amagaron con retirar sus servicios de México —lo que sería un desincentivo para la penetración de las tecnologías de la información en los usuarios, incluso trascendió que solicitaron la intervención de sus gobiernos— lo cierto es que la medida va para adelante. Lo más que lograron fue que la reforma entrará en vigor a partir del 30 de junio de 2020, y no el 1 de abril, como estaba en la iniciativa original.

Aún hay temas pendientes por aclarar, un ejemplo de ello es cómo será el régimen administrativo y técnico de los bloqueos que tienen que realizar los operadores de telecomunicaciones a aquellas empresas que no paguen impuestos, de lo que habrá una respuesta a más tardar el 1 de marzo de 2020. Además, el Servicio de Administración Tributaria tiene que emitir la reglamentación correspondiente, y aunque la reforma no lo refiere, será importante que el Instituto Federal de Telecomunicaciones participe.

Otro tema por resolver es el de aprovechar la sinergia regulatoria para impulsar una regla que obligue a que estas plataformas tecnológicas transmitan producciones audiovisuales mexicanas que reflejen la realidad, identidad y cultura de nuestro país. Ello, más allá de una medida regulatoria, da condiciones de mayor equidad frente a empresas mexicanas de radio y televisión abierta.

INTERFERENCIAS

Todo indica que la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, no es mayor problema para iniciar el análisis para elegir al nuevo integrante del Pleno del IFT, quien sustituirá al comisionado presidente Gabriel Contreras.

Ya está un comité asesor y los temas que tienen que estudiar los aspirantes, sólo que no hay convocatoria aún. Como referencia, en 2016, el proceso inició el 28 de octubre; en 2017, el 4 de septiembre, y el año pasado arrancó el 8 de octubre. Este año habrá que ver la decisión que adoptan Banco de México y el Inegi.

Todo parece indicar que las empresas tecnológicas extranjeras que prestan servicios digitales en México perderán esta especie de “paraíso fiscal” en el que viven, ya que esta semana se aprobará en la Cámara de Diputados la miscelánea fiscal, en la que se encuentran las reformas a las leyes fiscales, a efecto de que estas empresas paguen los impuestos correspondientes. Ahora sólo falta que el Senado de la República haga lo propio.

Se trata de establecer un régimen fiscal equitativo y proporcional a los llamados servicios digitales —como Airbnb, Amazon, Netflix, Uber, YouTube, entre otros—, lo que, además de dar un trato fiscal equilibrado, otorga garantías de competencia efectiva frente a empresas mexicanas que están sujetas, indefectiblemente, al pago de impuestos.

Entre las actividades que ahora pagarán impuestos se encuentran la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, (incluyendo los de azar), así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos, estadísticas, clubes en línea, páginas de citas, entre otros.

La buena noticia es que estas grandes tecnológicas empezarán a pagar impuestos, y aunque amagaron con retirar sus servicios de México —lo que sería un desincentivo para la penetración de las tecnologías de la información en los usuarios, incluso trascendió que solicitaron la intervención de sus gobiernos— lo cierto es que la medida va para adelante. Lo más que lograron fue que la reforma entrará en vigor a partir del 30 de junio de 2020, y no el 1 de abril, como estaba en la iniciativa original.

Aún hay temas pendientes por aclarar, un ejemplo de ello es cómo será el régimen administrativo y técnico de los bloqueos que tienen que realizar los operadores de telecomunicaciones a aquellas empresas que no paguen impuestos, de lo que habrá una respuesta a más tardar el 1 de marzo de 2020. Además, el Servicio de Administración Tributaria tiene que emitir la reglamentación correspondiente, y aunque la reforma no lo refiere, será importante que el Instituto Federal de Telecomunicaciones participe.

Otro tema por resolver es el de aprovechar la sinergia regulatoria para impulsar una regla que obligue a que estas plataformas tecnológicas transmitan producciones audiovisuales mexicanas que reflejen la realidad, identidad y cultura de nuestro país. Ello, más allá de una medida regulatoria, da condiciones de mayor equidad frente a empresas mexicanas de radio y televisión abierta.

INTERFERENCIAS

Todo indica que la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, no es mayor problema para iniciar el análisis para elegir al nuevo integrante del Pleno del IFT, quien sustituirá al comisionado presidente Gabriel Contreras.

Ya está un comité asesor y los temas que tienen que estudiar los aspirantes, sólo que no hay convocatoria aún. Como referencia, en 2016, el proceso inició el 28 de octubre; en 2017, el 4 de septiembre, y el año pasado arrancó el 8 de octubre. Este año habrá que ver la decisión que adoptan Banco de México y el Inegi.