/ viernes 9 de octubre de 2020

Antena | IFT: reorientar políticas

Esta semana el huracán Delta dejo serias afectaciones en la Península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, a la par esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados la extinción de diversos fideicomisos, entre ellos el Fondo para la atención de desastres naturales (FONDEN), con las implicaciones que ello representa.

En la atención de desastres naturales la radio y televisión juegan un papel esencial, ello se ha reglamentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a través de la emisión de los Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común.

El tema no es menor, ya que estamos ante el diseño de una política de comunicación que tiene por objeto mitigar las afectaciones a la vida, salud y economía de la población en situaciones de emergencia, por ello debe haber absoluta certeza jurídica respecto a los requisitos, procedimientos y plazos para la difusión de los mensajes de alerta.

La protección civil debe ser -ante todo- una labor de coordinación e inclusión de todos aquellos que participan en dicha materia, como lo sería la radio y televisión, debiendo prever en el caso particular lo conducente a los equipos técnicos que se utilizaran, su costo, mantenimiento y la automatización de los mismos si se pretende su operación las 24 horas, además de revisar lo relativo al personal encargado o aspectos técnicos sobre la distribución geográfica de la señal de emergencia, imagínese que llega una alerta a un lugar a donde no hay contingencia alguna.

Por ejemplo, en países como Estados Unidos donde hay medidas similares se recordará que hace un par de años hubo una falsa alarma de un misil y la gente cayo en pánico, en Japón paso algo similar, imaginemos en México, que no tenemos una cultura muy desarrollada de protección civil que pasaría con un error así.

En suma, ante el contexto de contingencias actuales (temporada de huracanes y epidemia Covid) y la eventual desaparición del FONDEN, bien valdría la pena que se volvieran a revisar los Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común, para adaptarlos a una nueva realidad en que nos ha puesta la pandemia.

La industria de radiodifusión en casos de emergencias cumple con: tiempos oficiales, boletines, cadenas y además apoya con campañas propias, por vocación social; cargarles, la compra un equipo especial y pagar operador y mantenimiento, es sobre regulatorio. El IFT también debe poner algo, no estaría mal que los Diputados revisaran su fideicomiso y que de ahí salgo el dinero para el modelo que buscan establecer, que, de acuerdo con el diario oficial del 22 de julio, su saldo es de más de 1,100 mdp, y es utilizable para adquisición de bienes, servicios y obra públicas, como sería este caso.

Aun así, surgen dudas si llega a desaparecer el FONDEN, con quién coordinar esfuerzos, dónde queda Segob o la Secretaría de Seguridad Pública. Estamos en una realidad distinta a hace 9 meses, cuando la expedición de los Lineamientos, el IFT debe ser perceptivo y con visión en políticas públicas, y no dejar la impresión de ser insensible, requiere reorientar su decisión.

Esta semana el huracán Delta dejo serias afectaciones en la Península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, a la par esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados la extinción de diversos fideicomisos, entre ellos el Fondo para la atención de desastres naturales (FONDEN), con las implicaciones que ello representa.

En la atención de desastres naturales la radio y televisión juegan un papel esencial, ello se ha reglamentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a través de la emisión de los Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común.

El tema no es menor, ya que estamos ante el diseño de una política de comunicación que tiene por objeto mitigar las afectaciones a la vida, salud y economía de la población en situaciones de emergencia, por ello debe haber absoluta certeza jurídica respecto a los requisitos, procedimientos y plazos para la difusión de los mensajes de alerta.

La protección civil debe ser -ante todo- una labor de coordinación e inclusión de todos aquellos que participan en dicha materia, como lo sería la radio y televisión, debiendo prever en el caso particular lo conducente a los equipos técnicos que se utilizaran, su costo, mantenimiento y la automatización de los mismos si se pretende su operación las 24 horas, además de revisar lo relativo al personal encargado o aspectos técnicos sobre la distribución geográfica de la señal de emergencia, imagínese que llega una alerta a un lugar a donde no hay contingencia alguna.

Por ejemplo, en países como Estados Unidos donde hay medidas similares se recordará que hace un par de años hubo una falsa alarma de un misil y la gente cayo en pánico, en Japón paso algo similar, imaginemos en México, que no tenemos una cultura muy desarrollada de protección civil que pasaría con un error así.

En suma, ante el contexto de contingencias actuales (temporada de huracanes y epidemia Covid) y la eventual desaparición del FONDEN, bien valdría la pena que se volvieran a revisar los Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común, para adaptarlos a una nueva realidad en que nos ha puesta la pandemia.

La industria de radiodifusión en casos de emergencias cumple con: tiempos oficiales, boletines, cadenas y además apoya con campañas propias, por vocación social; cargarles, la compra un equipo especial y pagar operador y mantenimiento, es sobre regulatorio. El IFT también debe poner algo, no estaría mal que los Diputados revisaran su fideicomiso y que de ahí salgo el dinero para el modelo que buscan establecer, que, de acuerdo con el diario oficial del 22 de julio, su saldo es de más de 1,100 mdp, y es utilizable para adquisición de bienes, servicios y obra públicas, como sería este caso.

Aun así, surgen dudas si llega a desaparecer el FONDEN, con quién coordinar esfuerzos, dónde queda Segob o la Secretaría de Seguridad Pública. Estamos en una realidad distinta a hace 9 meses, cuando la expedición de los Lineamientos, el IFT debe ser perceptivo y con visión en políticas públicas, y no dejar la impresión de ser insensible, requiere reorientar su decisión.