Tras una serie de señalamientos de parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, realizados en días pasados sobre el actuar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que, si estaba acotado por los agentes económicos preponderantes o que no daba entrada a estaciones comunitarias o sociales, entre otros puntos, la respuesta del regulador autónomo la ha realizado a través de desplegados y el uso de los tiempos fiscales.
Es válido defenderse, a nadie se le puede negar ese derecho, pero tratándose de un ente del Estado que tiene un Pleno, bien pudieron enviar mínimo un escrito o solicitar una cita con el Presidente de la República, para exponer sus planteamientos y no volver un tema de funcionamiento y resultados, en algo de carácter mediático.
La autonomía constitucional debe entenderse como una vía más del ejercicio de funciones públicas a cargo de un órgano del Estado, que no es ajeno ni autárquico, situación que hemos observado en México, donde los órganos constitucionales autónomos creen que son únicos y no tienen por qué relacionarse con los otros tres Poderes de la Unión, si bien, cada ente estatal tiene funciones constitucionalmente establecidas, pueden darse relaciones de coordinación interinstitucional.
Pero ¿cuál es el miedo del IFT a dar una respuesta de frente? No se trata de una confrontación, sino que con base en razonamientos y pruebas (de ser el caso) respetuosamente den puntual respuesta a cada punto que consideren inconsistente. Sería lo más normal en un país de carácter democrático.
Ahora bien, en cuanto a su defensa, de inicio fue tardía, el usar los tiempos fiscales no lo tienen impedido ya que su contenido no implica competencia alguna para los concesionarios comerciales, por tal motivo, la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, los pauto y ordenó su transmisión a las estaciones de radiodifusión.
Lo cuestionable es que el IFT se aproveche del pago de un impuesto en especie, para colgarse a promover una campaña para dar respuesta veladamente a lo que les cuestiona el Poder Ejecutivo; y naturalmente, el desplegado en un diario de circulación nacional, que es pagado con los recursos públicos del IFT. Esto no resuelve los problemas del sector, ni borra los cuestionamientos.
