Ante la animadversión a los órganos autónomos en esta administración y de seguir en el próximo sexenio la generación de servidores públicos actuales, el futuro del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es incierto, quizá estén pensando en un rediseño institucional donde este organismo no tenga un poder omnímodo y esté bajo el cobijo gubernamental.
Hoy, el IFT sigue funcionando con 4 de 7 comisionados, incluso modificó su Estatuto Orgánico para adecuar los artículos relativos al quórum necesario para que su Pleno sesione válidamente. El hecho es que los actuales comisionados son transexenales a este régimen y el IFT podría seguir marchando, aunque disminuido, hasta 2025; es decir, con un nuevo Ejecutivo Federal y Congreso.
En este contexto, se vislumbran 4 pistas: i) que el Presidente haga las designaciones, ii) que no se realicen, iii) que el Poder Judicial ordene al Ejecutivo que proceda a formular las designaciones o iv) que se modifique la Constitución para cambiar el proceso de selección. Los escenarios más probables son el primero y el segundo, pero, dentro de los tiempos o cálculos políticos que considere el Presidente.
En cuanto, a que el Poder Judicial obligue al Presidente a realizar las designaciones se ve lejano dado que existe precedente judicial (amparo en revisión 614/2014 resuelto por la Segunda Sala de la Corte) que convalido que el proceso de selección y designación de los comisionados del IFT son inatacables por disposición constitucional.
Por lo que toca a una posible reforma constitucional, es lo más lejano por los votos que se requieren en el Congreso, los que no tiene el partido gobernante ni sus aliados.
Entonces, ¿quién definirá el futuro del IFT el actual Presidente o el próximo (a)?
De esta manera, el sector telecomunicaciones y radiodifusión, queda en incertidumbre, a lo que se suma a su labor informativa a través de sus respectivas plataformas, cuando el Presidente anuncia un fondo de apoyo de seguridad social a los periodistas, que tiene un matiz más cercano al añejo “chayote”, en aras de seguir teniendo un selecto grupo que realiza preguntas ad hoc en las mañaneras.
Lo anterior, busca darle la vuelta al cumplimiento de sentencia de la Suprema Corte sobre la Ley General de Comunicación Social que plantea la transparencia en el gasto público en propaganda gubernamental, de ahí que Morena busca impulsar una iniciativa que no resuelve el fondo del asunto.
La propuesta constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión prohibido por los artículos 6 y 7 de la Constitución y 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso a esos recursos a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno.
Así de arcaico el sueño “izquierdista” de controlar concesiones y contenidos editoriales, ahora en manos presidenciales.
