El pasado 1º. de junio, inició la vigencia de la reforma fiscal en materia de impuestos a la economía digital, por lo que servicios que prestan empresas como Google, Amazon, Roku, Netflix, Facebook, Uber, Mercado Libre, entre otras plataformas digitales estarán sujetas al pago del impuesto al valor agregado, ello favorece no sólo al erario público, sino que también da un trato de equidad fiscal frente a los contribuyentes de la “economía tradicional” y además establece un principio de regulación a empresas que por su novedad tecnológica, no están sujetas a vigilancia del Estado.
Durante la discusión y aprobación de este régimen fiscal se estimó que se podrían recaudar cerca de 4.4 mil de millones de pesos, en este 2020, ahora el estimado a futuro es de alrededor de 100 mil millones pesos al año, de acuerdo al propio Secretario de Hacienda, lo que se logrará una vez que se consolide el mecanismo de cobro de estos impuestos.
Esta fuente de recaudación se espera crezca, dado que la economía digital representa una proporción cada vez más importante de la actividad económica, de acuerdo al INEGI alrededor del 5% del PIB, lo que se duplico de 2013 a 2018; aunque este 2020 podría tener una baja por la pandemia.
Conforme a datos gubernamentales, empresas de servicios digitales como Google, Amazon, Facebook, Alibaba están entre las 10 empresas más valiosas del mundo, y ha sido un tema recurrente los esfuerzos de los Estados para incorporarlas a un régimen de tributación, en la praxis no ha sido fácil.
De acuerdo a la autoridad hacendaria a la fecha están registrados dos prestadores de servicios digitales y 8 plataformas digitales de intermediación; el monto de las retenciones de enero a mayo de 2020 asciende a 123.7 millones de pesos (mdp) de los cuales 87.5 mdp corresponde a IVA y 36.2 mdp a ISR y el número de participantes únicos que prestan servicios o enajenan bienes a través de las plataformas fueron 134,161.
Por lo que hace al sector de contenidos audiovisuales, con el nuevo régimen fiscal se avanza lentamente en el principio de equidad en este mercado, ya que evidentemente las plataformas de Internet no aportaban a la Hacienda Pública como si lo viene haciendo la televisión restringida (cable y satelital) y la televisión abierta, como parte de la industria nacional.
Es sabido que aún se mantiene un desequilibrio entre empresas dedicadas a la prestación de servicios audiovisuales, brecha que poco a poco se reducirá, para ello, se requiere una valoración por parte del Estado Mexicano, desde el Poder Legislativo, así como de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones o de la Secretaría de Gobernación al establecer reglas uniformes a los contenidos audiovisuales, y esto no significa censura, sólo tomar la decisión: regulación de contenidos o autorregulación plena y pareja.
El orden jurídico mexicano relativo a la regulación de las diversas plataformas de transmisión de contenidos, debe dar un viraje a la realidad de la transformación digital, de lo contrario, seguiremos en la era de los “Picapiedra”.
