El gobierno de la 4T ha esbozado como principios la austeridad republicana y la concentración de funciones en el Ejecutivo Federal, con motivo de ello ha criticado la autonomía de los órganos reguladores, los altos salarios que ganan sus funcionarios especializados y que sus decisiones técnicas disfrazan fallos neoliberales, tales principios y apreciaciones impactan directamente en el sector telecomunicaciones.
En el ámbito judicial están en debate la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la validez de diversas medidas asimétricas impuestas al agente económico preponderante, la conformidad con el tratado comercial T-MEC, la implementación del padrón de usuarios de telefonía, así como nuevas decisiones como la renovación del título de concesión del agente preponderante y la libertad tarifaria que se le otorgó en contravención a la Constitución.
Las batallas se van dando poco a poco, apenas el pasado miércoles, la Primera Sala bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se resolvió a favor del IFT el recurso de reclamación promovido por el órgano regulador contra la negativa de suspensión en la Controversia Constitucional que había interpuesto contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la suspensión implica que no se afecta el régimen salarial del IFT hasta que se resuelva el fondo del asunto, por lo que se trata de una conquista transitoria para el regulador, pero importante para el respeto de las autonomías y división de poderes. En este asunto votaron en contra los Ministros que ha nombrado el actual régimen.
No se debe de perder de vista que fue un acuerdo del Pleno del IFT el que decidió combatir la Ley de Remuneraciones, lo anterior, debido a que diversas disposiciones contenidas en el Decreto afectan su autonomía constitucional y sus garantías institucional y presupuestal. No debe considerarse como un acto de rebeldía o de tener privilegios, los salarios de estos altos funcionarios son debido a su conocimiento y para que no sean acosados por los regulados, de hecho, es una tendencia internacional.
El futuro político y democrático de México dependerá en gran medida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del sentido en que resuelvan las disputas legales entre el Gobierno de la 4T y sus opositores, en las políticas insignia.
Lo que no debe permitirse en cualquier régimen de gobierno es que se trate de tener control sobre el poder judicial, por desgracia, la tentación del poder es más grande, y suelen buscar formas “institucionales” o claramente antidemocráticas, Trump antes de irse hizo nombramientos afines mientras que en las dictaduras latinoamericanas se destituyen a los jueces y nombran otros.
En una democracia los equilibrios son esenciales, el legado y continuidad de la 4T depende de la justicia constitucional, y como hemos dicho, el futuro del sector telecomunicaciones también.
