/ viernes 12 de junio de 2020

Antena | Los reguladores a debate

El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto crear un nuevo órgano constitucional autónomo denominado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB) que asumiría las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para crear un solo órgano regulador en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y energético.

Más allá de la denostación que en automático incurrieron algunos personajes, de si se trata de una sonda para medir las reacciones a una eventual modificación a estas materias, de generar un punto de discusión para mover el foco del reflector público y las teorías de complot, se debe realizar un análisis más detallado y cuidadoso.

De entrada, no debe sorprender esta posible reforma, el gobierno de la 4T está renovando instituciones, existe una revisión de las entidades que se fundaron en el pasado, aún impera cierta desconfianza a quienes fueron nombrados por otros gobiernos, hay una constante crítica a su actuación, una marcada intención de establecer un modelo de austeridad en la función pública y regresar al Ejecutivo su mando y control en estas áreas.

La propuesta del INMECOB se superpone a la estructura de la reforma constitucional 2013, fusionando el IFT, COFECE y la CRE solo respecto de la regulación del mercado eléctrico, esto último es relevante por que separa el sector energético en 2 grandes ramas: hidrocarburos y electricidad, ello tiene cierta lógica dada la actual dualidad de liderazgos (Bartlett y Nahle) y tal pareciere que el petróleo se “cocerá” por separado.

Entre los cambios relevantes: cesarían a los actuales comisionados del IFT, COFECE y CRE; se cambia el método de elección, suprimiendo el Comité de Evaluación y el examen de conocimientos para dar paso a un proceso en el Senado donde se emite una convocatoria, los aspirantes se presentan a entrevistas, se elige por mayoría calificada una terna o quinteta que es enviada al Ejecutivo Federal para que realice la designación.

Por lo que toca a la austeridad, la concentración institucional busca ganancias de eficiencia, se habla de un ahorro presupuestal del 20%, la autonomía presupuestal ya no es plena sino “en la medida de lo posible” y se sujeta indefectiblemente a los funcionarios para que nadie gane más que el Presidente, ante los reveses en la Corte. Más allá de una discusión apresurada, el propio senador Monreal ha dicho que no es un proyecto final y por lo tanto, está abierto el debate.

Interferencias

Desde 2018, Televisa afirmó que ninguno de sus empleados o los de Mountrigi “había hecho ningún pago indebido a funcionarios de la FIFA relacionados con la adquisición de derechos de transmisión de partidos de futbol”. Dos años después,

una Corte de Nueva York negó la certificación de clase a accionistas que buscan demandarlo por las afectaciones que sufrieron debido a las acusaciones de sobornos en el caso “FIFAGate”.

De esta manera, con transparencia, certeza y estrategia jurídica, Televisa sale avante de un tema mediático, donde se le quería involucrar.

El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto crear un nuevo órgano constitucional autónomo denominado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB) que asumiría las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para crear un solo órgano regulador en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y energético.

Más allá de la denostación que en automático incurrieron algunos personajes, de si se trata de una sonda para medir las reacciones a una eventual modificación a estas materias, de generar un punto de discusión para mover el foco del reflector público y las teorías de complot, se debe realizar un análisis más detallado y cuidadoso.

De entrada, no debe sorprender esta posible reforma, el gobierno de la 4T está renovando instituciones, existe una revisión de las entidades que se fundaron en el pasado, aún impera cierta desconfianza a quienes fueron nombrados por otros gobiernos, hay una constante crítica a su actuación, una marcada intención de establecer un modelo de austeridad en la función pública y regresar al Ejecutivo su mando y control en estas áreas.

La propuesta del INMECOB se superpone a la estructura de la reforma constitucional 2013, fusionando el IFT, COFECE y la CRE solo respecto de la regulación del mercado eléctrico, esto último es relevante por que separa el sector energético en 2 grandes ramas: hidrocarburos y electricidad, ello tiene cierta lógica dada la actual dualidad de liderazgos (Bartlett y Nahle) y tal pareciere que el petróleo se “cocerá” por separado.

Entre los cambios relevantes: cesarían a los actuales comisionados del IFT, COFECE y CRE; se cambia el método de elección, suprimiendo el Comité de Evaluación y el examen de conocimientos para dar paso a un proceso en el Senado donde se emite una convocatoria, los aspirantes se presentan a entrevistas, se elige por mayoría calificada una terna o quinteta que es enviada al Ejecutivo Federal para que realice la designación.

Por lo que toca a la austeridad, la concentración institucional busca ganancias de eficiencia, se habla de un ahorro presupuestal del 20%, la autonomía presupuestal ya no es plena sino “en la medida de lo posible” y se sujeta indefectiblemente a los funcionarios para que nadie gane más que el Presidente, ante los reveses en la Corte. Más allá de una discusión apresurada, el propio senador Monreal ha dicho que no es un proyecto final y por lo tanto, está abierto el debate.

Interferencias

Desde 2018, Televisa afirmó que ninguno de sus empleados o los de Mountrigi “había hecho ningún pago indebido a funcionarios de la FIFA relacionados con la adquisición de derechos de transmisión de partidos de futbol”. Dos años después,

una Corte de Nueva York negó la certificación de clase a accionistas que buscan demandarlo por las afectaciones que sufrieron debido a las acusaciones de sobornos en el caso “FIFAGate”.

De esta manera, con transparencia, certeza y estrategia jurídica, Televisa sale avante de un tema mediático, donde se le quería involucrar.