Desde el inicio, el Presidente ha sido claro en el tema de la austeridad: comenzó por bajar salarios y prestaciones de servidores públicos; recortes de personal; desaparición de instancias gubernamentales y la subasta de bienes que consideró superfluos. El objetivo es tener más recursos públicos para cumplir propuestas de gobierno.
En este entorno, no podían escapar los partidos políticos. De hecho, desde hace unos meses en la Cámara de Diputados el partido gobernante presentó una iniciativa para reducir 50 por ciento el financiamiento público de los partidos; ahora que se acerca en septiembre el envío del paquete fiscal, el Presidente ha insistido en que sea por voluntad propia de los partidos la reducción de su prerrogativa económica. El partido gobernante en dicha Cámara insistirá en su próxima agenda legislativa.
Los puntos clave en este tema están en optimizar la forma de hacer política y reducir el exagerado recurso público que reciben todos los partidos. Para ello se requiere una reforma constitucional; una manera más práctica es que renuncien al porcentaje que estimen pertinente y que ese dinero sea enterado a la Tesorería. Conociéndolos, no veo ni una ni otra.
A la par, se requiere una mejor fiscalización por parte del INE, que ha tenido sentencias adversas del Tribunal Electoral en la materia: en dictámenes; la reforma al reglamento de fiscalización y hasta el tope de financiamiento para candidatos independientes. Finalmente, ¿cómo evitar la desconfianza y el miedo de dinero ilícito hacia los partidos?
Sin duda es necesario robustecer los mecanismos de fiscalización electoral (preventivos y coercitivos) que lleven a controles más eficientes y garanticen la legitimidad del proceso representativo; tener miedo a un cambio o dar justificaciones de que el financiamiento no es un problema de costos, sino de garantizar equidad en la contienda, resulta insólito; con un financiamiento igual, mayor o menor, la equidad debe estar garantizada por la autoridad. Con poco o mucho dinero, el riesgo de la presencia del narcotráfico o de otras fuentes ilícitas de financiamiento está latente.
Todo parece indicar que el temor de un recorte presupuestal a los partidos lleve a un ajuste severo en los recursos del organismo. No se debe perder de vista que el Presidente envió una iniciativa al Congreso para dejar claro el tema de los salarios de los órganos autónomos: “que nadie gane más que el Presidente”.
Precisamente en el marco de la entrega del Paquete Económico para 2020, podríamos estar ante una “austeridad remasterizada”, ya que no parece que vaya a venir un cambio en la línea de recortes y ajustes, además de que se disiparán las dudas sobre garantizar la autonomía presupuestal o no de los órganos autónomos. Esto, sin duda, será un tema de debate en próximas fechas, sobre todo que ahora el INE proyecta dos mil millones de pesos más para el proceso electoral 2021, comicios clave por la renovación de Cámara de Diputados.
Más claro ni el agua: el Gobierno que ganó las elecciones quiere implementar sus políticas, y una de las claves es la austeridad. La llamada 4T apuesta por menos dinero en materia electoral.
