El paquete económico para 2021 mantiene la inercia de gasto que viene realizando el gobierno federal, como en cualquier ejercicio presupuestal bajo un entorno de reducción de ingresos, y de presiones de gasto ante la epidemia del covid-19 y actual situación económica, habrá recortes y ajustes a lo que presentó el Gobierno Federal.
En el sector de telecomunicaciones destacan tres aspectos: i) la reducción presupuestal al órgano regulador y algunas otras entidades públicas relacionadas; ii) la posibilidad de que se impongan multas millonarias a operadores de telecomunicaciones cuando no bloqueen la señal a evasores fiscales, y iii) un aumento en el pago de derechos del espectro radioeléctrico de bandas propicias para prestar servicios móviles de ultima generación.
En cuanto a los órganos y entidades del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene una reducción del 8%, pierden en términos porcentuales: la Dirección General de RTC -30%; Organismo Promotor de las Telecomunicaciones -21%; la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión -14%; Canal 22 -19%. En cambio, ganan: CFE Internet para todos 75%, Telecomunicaciones de México 30% y destaca el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con casi un 360%.
Por lo que corresponde al aumento de pago de derechos para las bandas de servicio móvil, los especialistas han referido que hay un alza del 56%, incluso funcionarios del IFT aclararon que su propuesta era menor ante lo que presentó la autoridad hacendaria, al encarecer el espectro no se abona a la competencia puede favorecer la concentración de bandas por parte del agente preponderante, desincentiva la inversión y la cobertura, puede implicar aumentos en las tarifas a los usuarios y podría retrasar el desarrollo de redes 5G.
Por lo que toca, a los ajustes a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que grava la economía digital, se reconoce que existe alusión en el pago del tributo por parte de las plataformas extranjeras, “ya que el sujeto obligado al pago del impuesto se encuentra fuera del territorio nacional”, ante ello proponen un mecanismo de control basado en que la autoridad hacendaria podrá ordenar -de inicio- a los operadores de telecomunicaciones que bloqueen el acceso al servicio digital que elude impuestos; si incumple el operador habrá multas de hasta 1 millón de pesos.
Vaya que solución, ¡una empresa extranjera incumple, pero se sanciona a una empresa nacional!; es la segunda vez que el Gobierno intenta establecer este mecanismo, el año pasado no prospero dado el principio de neutralidad de la red, además de que es totalmente injusto imponer una pena con motivo de la conducta de un tercero; la autoridad hacendaria debería analizar otras posibilidades a través de convenios tributarios con los países de donde son originarias las plataformas o utilizar inteligencia financiera para retener el tributo a través de las empresas que realizan los servicios de cobranza por estos servicios digitales, es decir, seguir la ruta del dinero, no bloquear el servicio de Internet. Veremos en que concluye después del proceso legislativo.
