/ viernes 25 de octubre de 2019

Antena | Política de conectividad

Los retos de conectividad digital no deben soslayar la penetración de la radiodifusión, ambos sectores son esenciales para garantizar el derecho a la información y comunicación, pues se complementan, y la política de conectividad debe valorar ambos rubros, mientras logra su objetivo de internet para todos.

Algunos datos que ilustran la situación: de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 93 por ciento de los hogares reporta tener televisores, casi dos por hogar, y la mitad cuenta con un aparato de radio; en telecomunicaciones se pronostica que las líneas del servicio móvil de acceso a internet aumentarán 12 por ciento entre 2018 y 2020, alcanzando 98.8 millones de líneas, lo que implicaría una teledensidad de 77 líneas por cada 100 habitantes, mientras que las del servicio móvil de telefonía podrían sumar 123.4 millones de líneas al cierre de 2020, lo cual representaría 97 líneas por cada 100 habitantes.

El reto es en dos vertientes: primero, cómo mantener y aumentar la penetración actual de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión; segundo, cómo llegar a comunidades alejadas de particular interés del Gobierno. Hemos insistido en que las vías son las condiciones de competencia, así como un empuje a la innovación y la tecnología bajo un entorno que permita inversiones y un despliegue mayor y ordenado de la infraestructura.

Recientemente, la Subsecretaría de Comunicaciones reconoció que el dinero público es insuficiente para lograr la conectividad y que se requieren esfuerzos colaborativos entre operadores y comunidades, mientras que el comisionado presidente del IFT aludió a la creación de “políticas públicas focalizadas”, y aunque no lo dijo, es importante dinamizar la economía, ya que casi cuatro de cada 10 personas no se conecta a internet por falta de dinero.

En los esfuerzos colaborativos llama la atención el trascendido de Facebook que descartó apoyar a la empresa gubernamental “CFE Telecomunicaciones e internet para todos”, y es posible que otras empresas tecnológicas adopten una actitud semejante ante el inminente cobro de impuestos a la economía digital para el siguiente año. Esto desalienta.

La finalidad del Gobierno es lograr la conectividad, particularmente en poblaciones lejanas y de carácter rural; no debe perderse de vista que la radiodifusión llega a esos lugares “desconectados”, de ahí su permanencia, además de que la radio y televisión, de más fácil acceso, son gratuitas. En contraste, alrededor de 80 por ciento de las líneas son de prepago y el promedio de recarga mensual ronda los 55 pesos, por lo que se trata de planes de acceso acotado a internet; en suma, a las personas no les alcanza para tener un uso continuo y permanente de las tecnologías de la información, y mucho menos para contratar servicios sobre demanda, ya que, aunque viven en comunidades alejadas, cuentan con un aparato móvil.

La política pública debe hacer realidad la convivencia entre plataformas, lineales y no lineales, con las redes sociales y las diversas funciones de internet, sin dejar de promover la competencia y, sobre todo, de mejorar los ingresos de la población para que no haya barreras económicas de acceso para los usuarios y las audiencias.

Los retos de conectividad digital no deben soslayar la penetración de la radiodifusión, ambos sectores son esenciales para garantizar el derecho a la información y comunicación, pues se complementan, y la política de conectividad debe valorar ambos rubros, mientras logra su objetivo de internet para todos.

Algunos datos que ilustran la situación: de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 93 por ciento de los hogares reporta tener televisores, casi dos por hogar, y la mitad cuenta con un aparato de radio; en telecomunicaciones se pronostica que las líneas del servicio móvil de acceso a internet aumentarán 12 por ciento entre 2018 y 2020, alcanzando 98.8 millones de líneas, lo que implicaría una teledensidad de 77 líneas por cada 100 habitantes, mientras que las del servicio móvil de telefonía podrían sumar 123.4 millones de líneas al cierre de 2020, lo cual representaría 97 líneas por cada 100 habitantes.

El reto es en dos vertientes: primero, cómo mantener y aumentar la penetración actual de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión; segundo, cómo llegar a comunidades alejadas de particular interés del Gobierno. Hemos insistido en que las vías son las condiciones de competencia, así como un empuje a la innovación y la tecnología bajo un entorno que permita inversiones y un despliegue mayor y ordenado de la infraestructura.

Recientemente, la Subsecretaría de Comunicaciones reconoció que el dinero público es insuficiente para lograr la conectividad y que se requieren esfuerzos colaborativos entre operadores y comunidades, mientras que el comisionado presidente del IFT aludió a la creación de “políticas públicas focalizadas”, y aunque no lo dijo, es importante dinamizar la economía, ya que casi cuatro de cada 10 personas no se conecta a internet por falta de dinero.

En los esfuerzos colaborativos llama la atención el trascendido de Facebook que descartó apoyar a la empresa gubernamental “CFE Telecomunicaciones e internet para todos”, y es posible que otras empresas tecnológicas adopten una actitud semejante ante el inminente cobro de impuestos a la economía digital para el siguiente año. Esto desalienta.

La finalidad del Gobierno es lograr la conectividad, particularmente en poblaciones lejanas y de carácter rural; no debe perderse de vista que la radiodifusión llega a esos lugares “desconectados”, de ahí su permanencia, además de que la radio y televisión, de más fácil acceso, son gratuitas. En contraste, alrededor de 80 por ciento de las líneas son de prepago y el promedio de recarga mensual ronda los 55 pesos, por lo que se trata de planes de acceso acotado a internet; en suma, a las personas no les alcanza para tener un uso continuo y permanente de las tecnologías de la información, y mucho menos para contratar servicios sobre demanda, ya que, aunque viven en comunidades alejadas, cuentan con un aparato móvil.

La política pública debe hacer realidad la convivencia entre plataformas, lineales y no lineales, con las redes sociales y las diversas funciones de internet, sin dejar de promover la competencia y, sobre todo, de mejorar los ingresos de la población para que no haya barreras económicas de acceso para los usuarios y las audiencias.

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