Vaya reto que representa la regulación de las redes sociales y las plataformas tecnológicas, no sólo por la salvaguarda de la libertad de expresión e información que se enarbola tanto para justificar su legislación como para mantener su estado actual de autorregulación, sino que existen muchas otras aristas a considerar como serían: la complejidad técnica y operativa de aplicar las disposiciones legales, los alcances y su efectividad al tratarse de empresas extranjeras que pudiesen ampararse en tratados comerciales, así como los alcances que tendría en materia electoral -en especial- para nuestro país.
Es bueno que este debate se esté iniciando en el Senado impulsado por Ricardo Monreal, a fin de que haya una inclusión de todas las voces que permitan construir un adecuado marco legal; esta situación no es propia de México, tanto en Estados Unidos y Europa se han iniciado esfuerzos para que estas empresas tributen adecuadamente, no generen perjuicios a otros agentes económicos, haya esquemas de responsabilidades ante sus usuarios y particularmente se ponderen su actuación en la generación de opinión pública, sobre todo cuando hay elecciones.
En la regulación de nuevos fenómenos siempre habrá argumentos tanto a favor como en contra, lo cierto es que tarde que temprano el derecho alcanza a la tecnología, por ejemplo, las redes sociales no pagan impuestos, tiempo fiscal, ni están sujetas a permisos y regulaciones como si lo esta la radiodifusión, además de que pueden en materia electoral libremente comercializar espacios lo que tiene prohibido la radio y televisión, ello genera una distorsión económica profunda que se acentúa con las restricciones y la supervisión de contenidos con lupa que realiza la autoridad electoral, lo que inhibe el debate público en los medios tradicionales.
Por otra parte, algunos opinan que la regulación de las redes sociales es el acicate previo a las elecciones, donde se valorará la actuación de las mismas (sea que actúen en forma parcial o imparcial), lo que podría ser el detonante para concretar o no su legislación, en ello se aprecia un riesgo si se reitera el restrictivo modelo electoral en radio y televisión, pero ahora llevado al ámbito de las redes sociales, si bien ello podría emparejar y lograr una equidad regulatoria, es un hilo muy fino la regulación de las libertades de la información y comunicación.
Interferencias
En esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo decisiones que muestran contrapeso entre poderes: el miércoles 3 de febrero pasado la Primera Sala resolvió por unanimidad declarar infundado el recurso de reclamación 65/2020 interpuesto por el Instituto Nacional Electoral en contra de la negativa a suspender el Decreto de Tiempos Fiscales, por lo que continua la medida que apoya a los concesionarios de radiodifusión. Por otra parte, la Segunda Sala resolvió que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional emitida por la Secretaría de Energía vulnera las reglas de libre competencia y concurrencia económica del sector energético, ambas sentencias dan luces y certeza a las industrias involucradas. Y muestran un Poder Judicial que no se deja presionar.
