/ viernes 26 de noviembre de 2021

Antena | Telecomunicaciones y “decretazo

Si uno de los propósitos del Ejecutivo Federal, es unir a todos los mexicanos, ya lo logro, pero en su contra, con el decreto para facilitar sus obras y proyectos insignia. Los vicios: ausencia de facultades, invasión de competencias, inseguridad en procedimientos administrativos, falta de transparencia, uso inadecuado de recursos públicos y trato discriminatorio a proyectos que no son del gobierno federal lo que es contrario a una competencia efectiva y que además transgrede tratados comerciales.

Probablemente, sólo los empresarios que están encargados de las obras y proyectos insignia no comparten tal apreciación, ya que el acuerdo se traduce en menos trámites, un flujo expedito de recursos públicos para cubrir sus pagos y, existirá un velo de “reserva de información” que evitará conocer los pormenores de los contratos públicos de las obras que llevan a cabo, por seguridad nacional.

Resulta peculiar que el decreto contemple al sector de las telecomunicaciones cuando es un sector que por mandato constitucional no es atribución del Ejecutivo Federal sino del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); lo cierto es que el instrumento puede favorecer que haya mayor opacidad en proyectos tales como la Red Compartida, particularmente en lo que tendría que ver con el rescate financiero con recursos públicos, o en el presupuesto destinado a “CFE Telecomunicaciones Internet para Todos”.

Por cierto, el proyecto de CFE ni siquiera figuró en la categoría “Conectar a los Desconectados” de los Premios Glotel 2021.

Dado que el IFT es un órgano autónomo, el decreto no lo podría obligar a que facilite las autorizaciones y permisos, por lo que se ha especulado que puede ser un punto de confrontación con el gobierno federal, aunque el órgano regulador está sabiendo conducirse de forma institucional y ecuánime con el Ejecutivo Federal, por lo que su Pleno tendría que valorar si existe invasión de competencias.

Queda claro que el decreto es inconstitucional y violatorio de tratados internacionales. Pero, lo más aberrante es que la ciudadanía si se tiene que aguantar las tardanzas y pretextos de la burocracia.

Interferencias

Vaya que hay diferencias en las subastas de espectro para servicios 5G entre México y Estados Unidos, mientras que en México la falta de condiciones de competencia con la existencia de un agente preponderante aunado a un alto costo del espectro radioeléctrico dio como resultado que en la licitación IFT-10 hubiera poco interés, donde sólo hubo 2 interesados que pagaron 1,350.8 millones de pesos (alrededor de 65 millones de dólares) por 3 bloques de frecuencias de 41 que se subastaron.

En contraste, en Estados Unidos en la última subasta de espectro 5G se recaudarán casi 22 mil millones de dólares, 33 empresas calificaron para la subasta, y sólo dejaron de asignarse 19 de las 4060 licencias disponibles que había. Las diferencias: allá no hay monopolio, el precio del espectro es competitivo, no hay operadores estatales en concurso o subvencionados ni decretos que ponen en desventaja a los operadores privados frente a los operadores gubernamentales.

Si uno de los propósitos del Ejecutivo Federal, es unir a todos los mexicanos, ya lo logro, pero en su contra, con el decreto para facilitar sus obras y proyectos insignia. Los vicios: ausencia de facultades, invasión de competencias, inseguridad en procedimientos administrativos, falta de transparencia, uso inadecuado de recursos públicos y trato discriminatorio a proyectos que no son del gobierno federal lo que es contrario a una competencia efectiva y que además transgrede tratados comerciales.

Probablemente, sólo los empresarios que están encargados de las obras y proyectos insignia no comparten tal apreciación, ya que el acuerdo se traduce en menos trámites, un flujo expedito de recursos públicos para cubrir sus pagos y, existirá un velo de “reserva de información” que evitará conocer los pormenores de los contratos públicos de las obras que llevan a cabo, por seguridad nacional.

Resulta peculiar que el decreto contemple al sector de las telecomunicaciones cuando es un sector que por mandato constitucional no es atribución del Ejecutivo Federal sino del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); lo cierto es que el instrumento puede favorecer que haya mayor opacidad en proyectos tales como la Red Compartida, particularmente en lo que tendría que ver con el rescate financiero con recursos públicos, o en el presupuesto destinado a “CFE Telecomunicaciones Internet para Todos”.

Por cierto, el proyecto de CFE ni siquiera figuró en la categoría “Conectar a los Desconectados” de los Premios Glotel 2021.

Dado que el IFT es un órgano autónomo, el decreto no lo podría obligar a que facilite las autorizaciones y permisos, por lo que se ha especulado que puede ser un punto de confrontación con el gobierno federal, aunque el órgano regulador está sabiendo conducirse de forma institucional y ecuánime con el Ejecutivo Federal, por lo que su Pleno tendría que valorar si existe invasión de competencias.

Queda claro que el decreto es inconstitucional y violatorio de tratados internacionales. Pero, lo más aberrante es que la ciudadanía si se tiene que aguantar las tardanzas y pretextos de la burocracia.

Interferencias

Vaya que hay diferencias en las subastas de espectro para servicios 5G entre México y Estados Unidos, mientras que en México la falta de condiciones de competencia con la existencia de un agente preponderante aunado a un alto costo del espectro radioeléctrico dio como resultado que en la licitación IFT-10 hubiera poco interés, donde sólo hubo 2 interesados que pagaron 1,350.8 millones de pesos (alrededor de 65 millones de dólares) por 3 bloques de frecuencias de 41 que se subastaron.

En contraste, en Estados Unidos en la última subasta de espectro 5G se recaudarán casi 22 mil millones de dólares, 33 empresas calificaron para la subasta, y sólo dejaron de asignarse 19 de las 4060 licencias disponibles que había. Las diferencias: allá no hay monopolio, el precio del espectro es competitivo, no hay operadores estatales en concurso o subvencionados ni decretos que ponen en desventaja a los operadores privados frente a los operadores gubernamentales.