/ miércoles 13 de febrero de 2019

Aplicar la ley no es reprimir

Tres millones de toneladas de mercancías, algunas de productos perecederos, que no llegaron a sus destinos; pérdidas para la economía del país calculadas en 60 mil millones de pesos; más de 450 convoyes de trenes detenidos por los bloqueos que durante 28 días paralizaron las líneas ferroviarias de Michoacán; cierre de escuelas con grave afectación a millones de niños, son algunos datos de los saldos del daño causado por la interrupción del tráfico que el lunes por la tarde fue unilateralmente levantada por los maestros de la llamada Coordinación de Trabajadores de la Educación en esa entidad.

El problema no está resuelto. De no satisfacerse las demandas de la disidencia magisterial, el lunes próximo las vías férreas del Estado podrían volver a ser ocupadas y una vez más detenida la carga conducida por ese medio de transporte. Ayer mismo las vías comenzaron a ser revisadas para garantizar la seguridad del transporte que paulatinamente deberá regresar completamente a la normalidad.

Los responsables del bloqueo ferroviario de Michoacán no serán castigados por el delito tipificado como ataques a las vías generales de comunicación, de jurisdicción federal y con esa misma impunidad volverán a bloquear las vías del ferrocarril si así lo deciden. Nada impedirá nuevas acciones delictivas que en cualquier momento pueden repetirse ante la pasividad, la permisibidad y el abandono por parte de la autoridad de su obligación de impedir y castigar las flagrantes violaciones a la ley, como ocurrió durante cerca de un mes de paralización del tráfico de carga. Es un delito de omisión del que el gobierno federal también quedará impune.

La responsabilidad del problema de los bloqueos en siete puntos del sistema ferroviario de Michoacán, en estricta justicia debería recaer en el gobierno, específicamente en el presidente de la República. Empeñado en eludir su obligación de garantizar el estado de derecho y el orden público, el gobierno de Andrés López Obrador aduce como pretexto para no actuar frente al delito su decisión de no reprimir acción alguna de individuos o grupos para establecer una diferencia con políticas del pasado. Es una determinación equivocada que confunde el empleo de los medios a disposición del Estado para preservar el orden con represión en contra del pueblo.

Es un mal ejemplo que cundirá en otros ámbitos de la relación entre gobierno y gobernados. El Estado tiene la obligación, irrenunciable, de acudir a los instrumentos de los que dispone, inclusive el uso de la fuerza, para prevenir, sancionar y castigar delitos en el espacio jurídico que le corresponde como son los de orden federal.

Lejos de cumplir con esa obligación, y en total desconocimiento del sistema de procuración de justicia, la presidencia de la República presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una supuesta queja por el bloqueo que paralizó las líneas ferroviarias de Michoacán. La respuesta de la Comisión de Derechos Humanos fue la correcta: a esa instancia sólo corresponde señalar la violación a los derechos humanos cometida por una autoridad, instancia que en este caso renunció al ejercicio de las facultades que la ley le otorga para la preservación del estado de derecho.

El problema de Michoacán no está solucionado. Cientos de escuelas del Estado y de otras partes del país permanecen cerradas con grave daño a los niños y adolescentes, lo mismo que al sistema educativo federal.

Tres millones de toneladas de mercancías, algunas de productos perecederos, que no llegaron a sus destinos; pérdidas para la economía del país calculadas en 60 mil millones de pesos; más de 450 convoyes de trenes detenidos por los bloqueos que durante 28 días paralizaron las líneas ferroviarias de Michoacán; cierre de escuelas con grave afectación a millones de niños, son algunos datos de los saldos del daño causado por la interrupción del tráfico que el lunes por la tarde fue unilateralmente levantada por los maestros de la llamada Coordinación de Trabajadores de la Educación en esa entidad.

El problema no está resuelto. De no satisfacerse las demandas de la disidencia magisterial, el lunes próximo las vías férreas del Estado podrían volver a ser ocupadas y una vez más detenida la carga conducida por ese medio de transporte. Ayer mismo las vías comenzaron a ser revisadas para garantizar la seguridad del transporte que paulatinamente deberá regresar completamente a la normalidad.

Los responsables del bloqueo ferroviario de Michoacán no serán castigados por el delito tipificado como ataques a las vías generales de comunicación, de jurisdicción federal y con esa misma impunidad volverán a bloquear las vías del ferrocarril si así lo deciden. Nada impedirá nuevas acciones delictivas que en cualquier momento pueden repetirse ante la pasividad, la permisibidad y el abandono por parte de la autoridad de su obligación de impedir y castigar las flagrantes violaciones a la ley, como ocurrió durante cerca de un mes de paralización del tráfico de carga. Es un delito de omisión del que el gobierno federal también quedará impune.

La responsabilidad del problema de los bloqueos en siete puntos del sistema ferroviario de Michoacán, en estricta justicia debería recaer en el gobierno, específicamente en el presidente de la República. Empeñado en eludir su obligación de garantizar el estado de derecho y el orden público, el gobierno de Andrés López Obrador aduce como pretexto para no actuar frente al delito su decisión de no reprimir acción alguna de individuos o grupos para establecer una diferencia con políticas del pasado. Es una determinación equivocada que confunde el empleo de los medios a disposición del Estado para preservar el orden con represión en contra del pueblo.

Es un mal ejemplo que cundirá en otros ámbitos de la relación entre gobierno y gobernados. El Estado tiene la obligación, irrenunciable, de acudir a los instrumentos de los que dispone, inclusive el uso de la fuerza, para prevenir, sancionar y castigar delitos en el espacio jurídico que le corresponde como son los de orden federal.

Lejos de cumplir con esa obligación, y en total desconocimiento del sistema de procuración de justicia, la presidencia de la República presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una supuesta queja por el bloqueo que paralizó las líneas ferroviarias de Michoacán. La respuesta de la Comisión de Derechos Humanos fue la correcta: a esa instancia sólo corresponde señalar la violación a los derechos humanos cometida por una autoridad, instancia que en este caso renunció al ejercicio de las facultades que la ley le otorga para la preservación del estado de derecho.

El problema de Michoacán no está solucionado. Cientos de escuelas del Estado y de otras partes del país permanecen cerradas con grave daño a los niños y adolescentes, lo mismo que al sistema educativo federal.

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