En días pasados el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Salvador Jara Guerrero, argumentó que no habría “rescate” financiero para las universidades públicas que se han declarado en insuficiencia económica, a menos que hagan una serie de cambios y reformas en el manejo de sus recursos y en su régimen de pensiones, jubilaciones y prestaciones.
El subsecretario Jara, expuso que la situación financiera que padecen algunas universidades del país es por la irresponsabilidad de ellas mismas, pues con el paso de los años han aumentado sus nóminas sin autorizaciones presupuestales que las respalden, así como el reconocimiento de prestaciones laborales sin aprobación y sustento Federal.
También es culpa de la Federación, pues cada año la inversión en educación superior ha ido disminuyendo, provocando que todas las universidades e instituciones de educación superior del país hagan “malabares” con sus partidas presupuestales para poder cumplir con su objetivo, formar los profesionistas que la nación necesita.
Son al menos 7 las universidades que se han declarado abiertamente en “quiebra técnica”, las universidades autónomas de Morelos, Zacatecas, Estado de México, Nayarit, así como la Juárez de Tabasco, la Benito Juárez de Oaxaca y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Todas ellas abarcan aproximadamente 200 mil estudiantes, y en distintos niveles se ven imposibilitadas de pagar sus nóminas magisteriales y administrativas para el cierre del año.
Jara Guerrero ha dicho que la SEP no cuenta con los recursos para apoyar este año a las universidades en crisis: “se está acabando el año y realmente nosotros no tenemos posibilidades de ofrecer ningúnapoyo extraordinario. Quienes tienen que plantear un esquema son las universidades. Con ellas hemos estado trabajando hace más de un año, detectando cuáles son sus fuentes de déficit. Ellas conocen muy bien cuales son y qué tipo de acciones deben de llevar a cabo para que la crisis no crezca”.
Pero, ¿cuál es la solución? La solución no es “que se pasen la bolita”, ni las universidades que solo estiren la mano sin hacer las modificaciones, ni la Federación que se niegue a aumentar el gasto en educación de todos los niveles.
Paradójicamente en otras latitudes, en Argentina el 22 de noviembre se celebraron los 68 años del Decreto de Supresión de Aranceles Universitarios, es decir, la gratuidad de la universidad para todos los argentinos e incluso para todos los latinoamericanos.
En la justificación del decreto se argumentaba que: “el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen… que una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”.
Decreto que ha ayudado a impulsar la inclusión de sectores marginados que por cuestiones económicas no tendrían acceso a la cultura y a la ciencia, haciendo a la educación superior un derecho social (real) y no sólo un privilegio de unos cuantos.
En México, wme quedo con las declaraciones del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Fox, Alejandro Gertz Manero: “el Estado no solo debe financiar la educación pública, sino a los estudiantes, debe “rescatar” a los cientos de miles de rechazados”, por que tristemente éstos muy fácilmente tienden a caer en las garras de la delincuencia. En vez de invertir en más patrullas, policías y pistolas para combatir la inseguridad, debemos de invertir en la educación de todas y todos los jóvenes de nuestro país, con una reforma educativa integral, incluyente y con miras al desarrollo del capital humano nacional, nuestros estudiantes.
Presidente de Unidos Podemos A.C. ZACATECAS
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