Lo sucedido en los últimos días en Bolivia, Chile o Colombia, es una llamada de atención para todo el mundo y en especial en América Latina. Las mediciones hechas en el Latinobarómetro, 2018, indican que el descontento con los partidos políticos y los gobiernos aumentan y el descrédito a la democracia también. Tenemos una sociedad molesta, que no está dispuesta a recibir una agresión más, y que está lista para tomar las calles y exigir el cumplimiento de sus derechos. Cada uno de esos hechos nos deja una enseñanza.
Lo sucedido recientemente en Bolivia es una llamada de atención para respetar la institucionalidad electoral. Desde los inicios del proceso las encuestas señalaban que Evo Morales iba adelante, pero no podían determinar con precisión si ganaba en primera vuelta. En las últimas décadas en ese país las elecciones se desarrollaban en total civilidad, sin sobresaltos, la autoridad electoral garantizaba su imparcialidad y los resultados eran aceptados por los contendientes políticos.
Todo cambio en la elección pasada, el primer precedente fue nombrar responsables del órgano electoral a personas afines al gobierno, después cometer irregularidades sin considerar las consecuencias, como fue la sombra del fraude. Quien tomó la decisión de la estrategia electoral se equivocó rotundamente, al pretender ganar en la primera vuelta con irregularidades no calculó que iba romper la liga, la consecuencia fue el cuestionamiento de la elección, la no aceptación de resultados por la oposición, múltiples órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de primer nivel de la autoridad electoral, y el conflicto que generó la renuncia a la presidencia y la salida del país de Evo Morales.
Si la elección en Bolivia se hubiera realizado respetando la legalidad electoral, ahora Evo Morales estuviera haciendo campaña, buscando alianzas para ganar la elección y en caso de perder, podría haber entregado el gobierno de manera ordenada y dando ejemplo de un presidente que respeta los valores democráticos.
En Chile lo que motivó el conflicto social es la subida del metro, sin embargo, esa solo fue el detonante, las heridas de la época de la dictadura de Pinochet todavía no han cerrado, el modelo económico diseñado que propicio buenos números en el PIB, inversión extranjera y crecimiento sostenido, privatizó sectores estratégicos como son la educación y la salud, afectando las condiciones de vida de millones de chilenos.
Además, la respuesta del gobierno reprimiendo a los manifestantes aumentó el enojo social. En Colombia, se unieron los estudiantes, indígenas, sindicatos y OSC´S, para protestar y de manera espontánea se unieron miles de ciudadanos más.
Lo anterior debe ser una llamada de atención, la sociedad está muy enojada y no hay que provocarla. Degradar a la autoridad electoral y cometer irregularidades en las elecciones, subir de manera desproporcionada el pasaje público, o no atender las quejas sociales puede romper el orden y el equilibrio social. Las consecuencias ya las vimos, hay que gobernar inteligentemente para evitar la ingobernabilidad y el caos social.
