Como en la vida cotidiana, los fines e inicios de cada año, son un momento propicio para hacer balances de lo logrado, lo pendiente y lo que se tiene que corregir. Así, este 2021 que estuvo marcado por los efectos de la pandemia, deja experiencia valiosas para estar en condiciones de procesar, la muy probable expansión de una o más variantes del virus del covid-19. Nuestro país, debido a sus condiciones geográficas, de nueva cuenta, fue escenario de flujos migratorios, así como de dinámicas comerciales, que no obstante el “parón” de la economía mundial, mantuvo un razonable ritmo de actividad.
Por lo que hace de manera específica a las dimensiones de la Seguridad, los desafíos, desafortunadamente, permanecen e incluso, en algunos casos, incrementaron su negativa fuerza. No hay duda de que la Seguridad Pública, sigue siendo y será una completa prioridad para los gobiernos locales y a nivel federal. Pero además, las perspectivas para que varias partes del país se logre contener la actividad de la delincuencia organizada, va a demandar una consistente política, que en lo posible, deberá dejar atrás lo que ha sido, en otros sexenios una serie de improvisaciones desde la perspectiva del estamento civil.
En se segundo año de vida, la Guardia Nacional, ha comenzado a dar resultados que se notan en primer lugar, en los niveles de aceptación y confianza en las distintas encuestas y sondeos de opinión. El anunciado paso de la institución de Seguridad Pública, más importante en lo que va del siglo XXI, a la Secretaría de la Defensa Nacional para 2023, representa un sustancial y profundo ajuste estructural y jurídico, para asumir con toda formalidad una política de largo plazo, que debe ser complementada por acciones semejantes en los Poderes Legislativo y Judicial.
Por su parte, las Fuerzas Armadas en su conjunto, en tanto le son asignadas tareas que el Presidente de la República estima necesarias, persistirán en su notable papel de apoyo al desarrollo nacional. La visibilidad alcanzada en lo que va del sexenio, en el siguiente año, seguirá y dependiendo de las capacidades de las áreas civiles, podrá aumentar. Cabe recordar que hemos entrado a la segunda parte del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que las presiones de carácter cronológico para lograr los objetivos que se planteó desde la campaña electoral, van en aumento.
En el plano electoral, la renovación de seis gubernaturas en Estados con situaciones muy complicadas en materia de Seguridad Pública, como Quintana Roo y Tamaulipas, sumados a entidades con problemáticas de diversa índole como Oaxaca e Hidalgo (además de Aguascalientes y Durango) implicarán un desafío para evitar que las dinámicas de las organizaciones criminales intente, como lo hizo este año, incidir tanto en la selección de candidatas y candidatos, así como en los resultados. Debemos aprender de las difíciles experiencias de los comicios federales y locales de junio pasado.
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