En los últimos meses la atención de la gran mayoría de los ciudadanos ha estado centrada en la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 y todo el contexto en que se da este hecho sin precedente en el último siglo, y a esta problemática se suman problemas añejos, como la inseguridad, que pese a los grandes esfuerzos oficiales aplicados, no ha tenido disminución significativa,
Es cierto que en la Ciudad de México se ha reducido la cifra de delitos como robo a transeúnte y a cuentahabiente, lo que en parte obedece al confinamiento de la mayoría de la población, pero las propias autoridades encargadas de la seguridad pública estiman que la incidencia delictiva repuntará cuando se reinicien las actividades laborales, sociales y económicas en el marco de la nueva normalidad.
En este contexto, la seguridad pública resulta ser tema de suma importancia para los ciudadanos y exige grandes esfuerzos del Estado, encargado de garantizar este fundamental derecho a fin de que la convivencia social sea posible, para lo cual resulta necesaria la participación tanto de las instituciones responsables de la materia, particularmente para la prevención del delito; las de procuración de justicia para la correcta investigación de los hechos, así como la esencial labor del Poder Judicial, a fin de que sea posible sancionar las conductas delictivas.
Son fundamentales la independencia y la libertad de los juzgadores para resolver todos y cada uno de los juicios que son sometidos a su escrutinio, a fin de que puedan emitir sentencias libres de coacción e influir en la eliminación paulatina de las conductas antisociales. Sin lugar a dudas la seguridad del juzgador es parte indispensable de su libertad, máxime cuando son encargados de procedimientos relacionados con grupos de delincuencia organizada que, lamentablemente, operan en gran parte del territorio nacional.
El homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz, adscrito a un juzgado del penal de Puente Grande, Jalisco, y de su esposa, acontecido la semana pasada a manos de un comando armado presuntamente ligado a la delincuencia organizada, debe motivar nuevas políticas para garantizar seguridad a los juzgadores, tanto como la libertad e independencia para la labor jurisdiccional.
Una de las mejores maneras de proporcionar seguridad a los administradores de justicia es la adopción de la figura “juez sin rostro”, la cual incluso ya ha sido mencionada por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, como manera de mantener el anonimato de jueces y magistrados y, en consecuencia, otorgarles seguridad. No es nueva esta figura, pues se emplea para el combate a la delincuencia organizada en países como Italia, Colombia y Brasil, implementada justo en sus años más violentos.
El juez sin rostro resulta medida controversial en sistemas jurídicos como el de nuestro país, el cual privilegia los derechos humanos, y uno de uno de los principios rectores del sistema penal es la inmediación, es decir que todas las audiencias deben de realizarse en presencia del juzgador, quien debe explicar el proceso a la víctima y al acusado.
Es incuestionable la presencia de la delincuencia organizada en México y que la violencia de sus acciones afecta a la población en general, con independencia de que se esté vinculado o no a ella, por lo que resulta indispensable abrir nuevos debates acerca de cómo allegarnos mejores métodos para combatir esa criminalidad y abatir la inseguridad en el país, pero es particularmente indispensable garantizar la seguridad de los impartidores de justicia; es imperiosa la necesidad de evitar homicidios como el cometido en agravio del juez Uriel Villegas y su esposa.
En el debate para su implementación, se deberán realizar importantes reformas constitucionales, procesales y de derechos humanos.
