Si hay tema que en el panorama actual ha acaparado los medios de comunicación y se ha vuelto fuente de opiniones encontradas, controversias y debates, son las recurrentes manifestaciones del movimiento feminista en nuestro país, las mujeres alzando la voz ante la creciente inseguridad que las hace sentir vulnerables y desprotegidas.
Si bien, la seguridad es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, además de estar escrita como función constitucional a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de nada sirve si día a día, la incapacidad de las instituciones del Estado hace ver como algo normal la violencia en el territorio.
Así, delitos como el feminicidio u homicidio calificado (por cuestión de género, el rapto para satisfacer un deseo sexual o casarse (aún es vigente en diversas entidades la privación ilegal de la libertad con propósitos sexuales), la trata de personas, el hostigamiento o acoso sexual, estupro, delitos contra los derechos reproductivos como la fecundación a través de medios clínicos, la inseminación artificial indebida, procreación asistida, esterilidad provocada, continúan en agravio a las mujeres en el país.
Sin embargo, debe valorarse que por lo que hace a la equidad de género y los derechos de las mujeres, desde hace años, el aparato legislativo mexicano se ha empeñado en crear leyes que pongan a la mujer en el mismo plano normativo que el hombre, y para defender sus derechos humanos a fin de socavar el sentimiento de vulnerabilidad que por generaciones han sufrido, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que se reproduce en las legislaciones locales.
Se incluye, la “alerta de violencia de género contra las mujeres” en la ley general mencionada, que se activa cuando existe violencia contra ellas por el solo hecho de ser mujeres y que es ocasionada por la violación a sus derechos en espacios públicos o privados, integrada por conductas de odio o rechazo, las cuales no pueden ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y pueden terminar en homicidio; o cuando en dicho territorio se presenta un agravio comparado, el cual existe cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública transgrede los derechos humanos de las mujeres o las discrimina de alguna forma, y que recientemente ha sido activada en la Ciudad de México y ya existe en uno de cada seis municipios del país libre.
Incluso, hay medidas u órdenes de protección como las estipuladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia de la Ciudad de México, para interrumpir o impedir la comisión de un delito o que se actualice un supuesto que implique violencia en su contra; sin embargo, insisto, son inútiles la expedición de leyes o la implementación de políticas públicas si no resultan contundentes para inhibir la inseguridad a que estamos expuestos los habitantes del país, independientemente del género.
Debemos admitir que la voluntad existe y el presupuesto de egresos para el ejercicio dos mil veinte es una muestra de ello, pues también hay partidas para impulsar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y cumplir los objetivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, pues cada vez que hay un delito involucrado con violencia de género, o de cualquier otra índole, el Estado está fallando, las leyes resultan inservibles y los ciudadanos mostramos una vez más una clara incapacidad de vivir en sociedad.
En este sentido, el descontento del movimiento “feminista” resulta legítimo, mas hay que recordar que la inseguridad que les preocupa no es privativa de ellas, que resulta endémica por la imposibilidad del Estado y sus instituciones de garantizar la seguridad pública, el orden y la paz social, en una comunidad que también ha fallado porque perdió las capacidades de asombro e indignación y se muestra inhábil de reflejar respeto a la vida y a sus semejantes.
Si deseamos acabar con el ambiente de violencia imperante, todos los sectores de la sociedad tenemos que contribuir en lo mucho que se requiere. Este es el camino para que interpretemos bien la declaración Universal de Derechos del hombre, que establece: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Así podremos crecer como sociedad, integrada por personas libres, iguales, autosuficientes, a las que su comunidad reconoce el derecho a ejercer todas sus capacidades y potencialidades, porque ser ciudadano o ciudadana no es sólo tener derechos civiles, ni políticos, es tener derechos sociales para poder sentir que todos y todas formamos parte de una comunidad, la cual debe estar cobijada por la seguridad, el respeto y la paz social.
