En plena carrera presidencial, además de los cinco candidatos, los partidos políticos, los analistas, los líderes de opinión y del mismo Instituto Nacional Electoral, un actor ha atraído la atención de los ciudadanos en general: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Dicho Tribunal ha provocado polémica en el escenario cívico desde que fue pieza clave para la inclusión de Jaime Hilario Rodríguez Calderón en la boleta electoral, y con la reciente impugnación que hizo Hugo Erick Flores, presidente del Partido Encuentro Social, a la candidatura plurinominal de Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Y es que si bien la organización del próximo ejercicio democrático a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) resulta de vital importancia para el relevo de los integrantes de los poderes federales y locales (y los institutos locales cuando esos procesos son en las entidades federativas), la población en general, no sólo los electores, está atenta a que todo lo inherente a ese proceso se realice conforme a la ley, con respeto absoluto a los derechos políticos, lo que es indispensable en un Estado de Derecho como se dice es el Estado Mexicano.
La calificación de las elecciones en el país ha estado a cargo de diferentes organismos instituidos según ha cambiado nuestro contexto histórico y se han fortalecido las diversas fuerzas políticas, todo con el objetivo de dar certeza al proceso electoral en su conjunto.
Desde la reforma política de mil novecientos noventa y seis, la trascendente facultad de juzgador de los comicios recae en el TEPJF, cuya labor ha sido fundamental, incluso polémica, en las elecciones presidenciales efectuadas en los años dos mil doce y dos mil seis, y en este periodo, incluso antes de la jornada electoral sus actividades han cobrado dimensión considerable en el ánimo de la opinión pública y los partidos políticos.
Debido a su trascendente tarea, considero necesario referirme en particular a ese Tribunal, que, como ya mencioné, no ha sido el único a cargo de la calificación de las elecciones.
Los antecedentes de dicha tarea nos llevan a la Cámara de Diputados, que a partir de la reforma política de mil novecientos setenta y siete tuvo esa labor, pues se constituía en colegio electoral, y la Suprema Corte de Justicia actuaba si se consideraba que habían existido violaciones en el proceso electoral.
Después, en el año mil novecientos ochenta y seis, vendría la reforma que daría la facultad mencionada a las dos ambas cámaras del Congreso federal, y cada una resolvería las dudas surgidas de las elecciones de sus miembros.
Cómo era de esperarse, la actuación de las cámaras fue muy criticada, pues resolvía nada más lo concerniente a sus propios miembros; en consecuencia, no se consideraba imparcial su actuación. Por esto, en mil novecientos ochenta y siete se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que existió de manera efímera y sin la competencia necesaria para considerarse verdadero tribunal que pudiera realmente validar las elecciones.
Ante esta circunstancia, en mil novecientos noventa se hizo la reforma electoral con que se instituyó el sistema de medios de impugnación en materia electoral, un verdadero tribunal facultado para calificar el proceso electoral, el Tribunal Federal Electoral (Trife), cuya finalidad fue resolver las impugnaciones electorales y proteger los derechos políticos; a la vez se creó el organismo encargado de organizar las elecciones. Con el tiempo el tribunal fue incorporado al Poder Judicial de la Federación.
Así las cosas, la actuación del hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es de vital importancia para la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral; es indispensable que esté alejada de polémica, pues así contribuirá al fortalecimiento de la democracia mexicana.
Así es el Derecho.
