/ miércoles 23 de enero de 2019

Así es el Derecho | “Huachicol”, delito cruel

El inicio de año ha sido sumamente controversial por la maniobra del Gobierno Federal contra el robo de gasolina, llamado “huachicol”, y las consecuencias sociales de la resistencia de sus autores intelectuales y materiales -porque les arrienda ganancias increíbles-; que han pasado de dificultades del público para comprar combustible y abastecer el mercado, al criminal estímulo a los vecinos de sitios aledaños a las perforaciones de los ductos, a participar en el delito.

Aunque criticada por los culpables del delito, con eco interesado u oficioso, por parte de los indiferentes a la búsqueda del bien común, del que también disfrutarían, la estrategia puesta en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene inmenso respaldo social, dada la magnitud del robo, que empezó en el año dos mil y más que se duplicó en los últimos dos, pasando de veintiséis mil barriles al día en dos mil dieciséis, a cincuenta y ocho mil doscientos en dos mil dieciocho, y de las pérdidas que inflige a la nación: treinta mil millones de pesos en dos mil dieciséis, cincuenta mil cien millones de pesos en dos mil diecisiete y sesenta y seis mil trescientos millones en dos mil dieciocho.

Al darse a conocer la inmensidad del latrocinio, la indignación del pueblo no se hizo esperar emparejada con la conciencia de la ingente necesidad de combatirlo hasta eliminarlo.

Desde hace tiempo se sabía del daño al país por ese ilícito, y las penas por su comisión, establecidas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, fueron aumentadas a mediados del año pasado, de veinte a treinta años de prisión y una multa de veinte mil a veinticinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y actualización (UMA) vigente, para la sustracción y aprovechamiento de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin tener derecho ni consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien disponga de ellos con arreglo a la ley.

La compra, enajenación, comercialización, transporte, almacenamiento y otras conductas ilegales ameritan penas menores, que van desde cuatro hasta diecisiete años de prisión según el volumen del combustible sustraído.

Si bien esas conductas antisociales están tipificadas y sancionadas con penas privativas de libertad, no desaparecen, máxime porque generan ganancias tan grandes, como el “huachicol”, por lo que las acciones para contrarrestarlas no son sencillas y, se vislumbra, su aplicación requerirá buen tiempo.

Ya se han dado a conocer sus resultados: más de cuatro millones de barriles de gasolina asegurados, mil veintiún tomas clandestinas detectadas y neutralizadas, veintinueve cateos, cuatrocientas treinta y cinco personas detenidas, mil ochocientos treinta y un carpetas de investigación abiertas y noventa y siete judicializadas, ciento sesenta y cinco personas puestas a disposición de la autoridad judicial; ciento veinticuatro personas vinculadas a proceso y cuarenta cinco en prisión preventiva, y bloqueo de cuentas bancarias de empresas vinculadas a dicho ilícito.

Se nos han dado números, pero están en el aire hay muchas dudas y expectativas acerca de lo que vendrá: ¿qué sucederá con los bienes relacionados con este ilícito en caso de ser considerados para la extinción de dominio?, ¿serán enajenados o adjudicados al gobierno?, ¿qué pasará si algún involucrado tiene fuero?, ¿se iniciará el procedimiento de declaración de procedencia?, en caso de detenerse los robos de combustible ¿en cuánto tiempo verá la nación el beneficio económico?

Así es el Derecho

El inicio de año ha sido sumamente controversial por la maniobra del Gobierno Federal contra el robo de gasolina, llamado “huachicol”, y las consecuencias sociales de la resistencia de sus autores intelectuales y materiales -porque les arrienda ganancias increíbles-; que han pasado de dificultades del público para comprar combustible y abastecer el mercado, al criminal estímulo a los vecinos de sitios aledaños a las perforaciones de los ductos, a participar en el delito.

Aunque criticada por los culpables del delito, con eco interesado u oficioso, por parte de los indiferentes a la búsqueda del bien común, del que también disfrutarían, la estrategia puesta en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene inmenso respaldo social, dada la magnitud del robo, que empezó en el año dos mil y más que se duplicó en los últimos dos, pasando de veintiséis mil barriles al día en dos mil dieciséis, a cincuenta y ocho mil doscientos en dos mil dieciocho, y de las pérdidas que inflige a la nación: treinta mil millones de pesos en dos mil dieciséis, cincuenta mil cien millones de pesos en dos mil diecisiete y sesenta y seis mil trescientos millones en dos mil dieciocho.

Al darse a conocer la inmensidad del latrocinio, la indignación del pueblo no se hizo esperar emparejada con la conciencia de la ingente necesidad de combatirlo hasta eliminarlo.

Desde hace tiempo se sabía del daño al país por ese ilícito, y las penas por su comisión, establecidas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, fueron aumentadas a mediados del año pasado, de veinte a treinta años de prisión y una multa de veinte mil a veinticinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y actualización (UMA) vigente, para la sustracción y aprovechamiento de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin tener derecho ni consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien disponga de ellos con arreglo a la ley.

La compra, enajenación, comercialización, transporte, almacenamiento y otras conductas ilegales ameritan penas menores, que van desde cuatro hasta diecisiete años de prisión según el volumen del combustible sustraído.

Si bien esas conductas antisociales están tipificadas y sancionadas con penas privativas de libertad, no desaparecen, máxime porque generan ganancias tan grandes, como el “huachicol”, por lo que las acciones para contrarrestarlas no son sencillas y, se vislumbra, su aplicación requerirá buen tiempo.

Ya se han dado a conocer sus resultados: más de cuatro millones de barriles de gasolina asegurados, mil veintiún tomas clandestinas detectadas y neutralizadas, veintinueve cateos, cuatrocientas treinta y cinco personas detenidas, mil ochocientos treinta y un carpetas de investigación abiertas y noventa y siete judicializadas, ciento sesenta y cinco personas puestas a disposición de la autoridad judicial; ciento veinticuatro personas vinculadas a proceso y cuarenta cinco en prisión preventiva, y bloqueo de cuentas bancarias de empresas vinculadas a dicho ilícito.

Se nos han dado números, pero están en el aire hay muchas dudas y expectativas acerca de lo que vendrá: ¿qué sucederá con los bienes relacionados con este ilícito en caso de ser considerados para la extinción de dominio?, ¿serán enajenados o adjudicados al gobierno?, ¿qué pasará si algún involucrado tiene fuero?, ¿se iniciará el procedimiento de declaración de procedencia?, en caso de detenerse los robos de combustible ¿en cuánto tiempo verá la nación el beneficio económico?

Así es el Derecho