Desde hace varios años la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, que día a día nos enteramos de la comisión de delitos e incluso llegamos a ser víctimas de ellos, lo que provocó, que el año pasado México fuera percibido como el más inseguro y violento, pues durante el mismo ocurrieron 34 mil 202 homicidios y feminicidios. Por esto, proporcionar seguridad pública es quizá el mayor de los retos del nuevo gobierno, ya que tan sólo en el primer mes de ese año se registraron 2 mil 842 víctimas de homicidio intencional y 74 feminicidios.
Esa estadística más secuestros, violaciones, robos y demás delitos cometidos, junto con la cifra negra, es decir los no denunciados, estimada en más de 90 por ciento de los que se perpetran, según datos del Inegi, nos dan idea de lo agudo del problema que es la inseguridad que se vive en el país.
En los últimos años se ha concluido que las motocicletas han pasado de medio de transporte común a motivo de miedo y desconfianza para los ciudadanos promedio, que vemos cómo crece la tendencia a usarlas para delinquir porque son fáciles de adquirir y permiten al delincuente huir con mayor facilidad, sobre todo en ciudades como esta capital, donde suele haber tránsito lento por congestionamiento de vías.
Si bien se han implementado operativos y protocolos contra el uso de este medio de transporte como instrumentos para delinquir, aún no tenemos acciones concretas que prevean su empleo antisocial, como podría ser la obligación de portar el número de placa en la parte posterior de casco y chaleco obligatorios de portar, así como prohibir un pasajero además del conductor, medidas que en las décadas ochenta y noventa fueron útiles en Colombia para contrarrestar robos y ejecuciones.
Aunque las medidas puedan considerarse restrictivas y posibles perjuicios para los usuarios de esos vehículos, el Estado está obligado a proporcionar seguridad, y para ello, más allá de la persecución del delito, se debe instrumentar la prevención, acciones concretas que eviten a toda costa la comisión de ilícitos mediante esos artefactos, que también lesionan la tranquilidad de las personas y ponen en riesgo la estabilidad y desarrollo del país.
La delincuencia es un problema complejo, provocado por factores económicos, sociales, demográficos, incluso sicológicos y educativos, por lo que disminuirla requiere grandes esfuerzos por parte del Estado, eficacia para su persecución y endurecimiento de las sanciones por actividades delictivas, educación, trabajo, oportunidades de desarrollo e incluso inculcar valores en la sociedad, lo que no es tarea fácil por la disgregación de la familia, pero se deben poner todos los esfuerzos para lograr esa tarea.
El Estado está obligado a proporcionar seguridad, pues ésta es un derecho humano incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y en el país, por mandato constitucional, es función a cargo de la Federación, las entidades federativa y los municipios, por lo que cada una de las instituciones encargadas de proporcionarla son responsables ante la ciudadanía por la percepción de inseguridad y las consecuencias económicas y sociales de la misma. La seguridad debe ser prioridad impostergable, toda vez que los programas sociales, los apoyos económicos, las becas, incluso oportunidades de estudio o laborales, son insuficientes si los ciudadanos no pueden vivir su día a día con tranquilidad en su casa, en su trabajo o caminando por su ciudad, disfrutando sus derechos y libertades sin mayor restricción que la impuesta por la dignidad. Así es el Derecho.
