/ miércoles 27 de enero de 2021

Así es el Derecho | La extradición internacional y el caso Cienfuegos

Uno de los temas de mayor interés a últimos días, ha sido la reciente noticia anunciada por la Fiscalía General de la República, quien determinó el No Ejercicio de la Acción Penal en contra del anterior secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos Zepeda por no encontrar pruebas de las acusaciones realizadas al ex funcionario en Estados Unidos.


Hay que recordar que el general fue detenido el 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles, California, dónde pretendían enjuiciarlo por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, tras una investigación de la Agencia Antidrogas (DEA) de ese país. Sin embargo, tras una nota diplomática por parte del gobierno nacional, expresando un profundo extrañamiento por la detención del general Cienfuegos, y la petición de los fiscales, se desestimaron en el país del norte los cargos en su contra, por lo que fue enviado a nuestro país con la finalidad de que bajo nuestras leyes y procedimientos fuera investigado y en su caso procesado.


El retorno del general Cienfuegos no fue una extradición, por lo que no existe un procedimiento incoado o alguna sentencia en su contra, ya que el gobierno estadounidense lo devolvió sin condiciones tras un acuerdo sin precedentes entre ambos Estados. Sin embargo el hecho de haber sido devuelto por un país extranjero que pretendía investigarlo y en su caso procesarlo nos hace recordar la figura de extradición internacional, razón por la cual resulta prudente recordar esta figura.


La extradición, un procedimiento a través del cual un Estado entrega a una persona que está refugiada en su territorio a otro Estado que la reclama por estar inculpada, procesada o convicta por la comisión de algún ilícito, encuentra su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley de Extradición Internacional, la Convención sobre Extradición signada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, y diversos tratados bilaterales en la materia que se encuentran vigentes, uno de estos es el que rige las relaciones que en materia tienen nuestro país y los Estados Unidos.


Según el tratado bilateral con el país vecino, ambos Estados se comprometen a entregarse mutuamente, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito, o que sean reclamadas para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente.


En nuestro país, la extradición comienza a través de un requerimiento del Estado extranjero, que debe presentarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual, de admitir la requisitoria, la envía a la Fiscalía General de la República, quien inicia un procedimiento ante el Juez de Distrito Competente, el cual a su vez, ordenará la detención de la persona reclamada; le hará saber la orden de extradición y le otorgará su derecho de audiencia y a una defesa adecuada. El juez de distrito emitirá una opinión respecto al caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que ésta resuelva si concede o rehúsa la extradición.


En los procedimientos de extradición deben respetarse diversos principios, como el de doble incriminación, es decir el ilícito cometido por la persona objeto de la extradición debe ser considerado delito tanto en el estado solicitante como en el solicitado; el principio non bis in ídem, pues no puede ser extraditada una persona debido a hechos por los cuales ya fue juzgada; se exige la reciprocidad internacional; se prohíben tribunales especiales o de excepción, y el estado solicitante debe comprometerse a no aplicar la pena capital o cualquier otra trascendental o inusitada prohibida por nuestra ley suprema, entre otras.


El tratado bilateral con Estados Unidos, además del compromiso de entregarse recíprocamente a las personas reclamadas para el cumplimiento de una pena por un delito cometido dentro del territorio de la parte requirente, establece condiciones específicas, por ejemplo que existan pruebas suficientes, que no proceda por delitos políticos ni militares, ni si ha prescrito la acción penal, además aparece el compromiso de que no se impondrá la pena de muerte a la persona requerida, asimismo, en caso de que una de las partes niegue la extradición deberá exponer las razones.


El objetivo de la extradición es evitar que una persona acusada o sentenciada evada la justicia cambiándose de país, no obstante en todo momento deben respetarse los derechos humanos consagrados en nuestra ley suprema y en los tratados internacionales de los que México es parte. El caso del General Cienfuegos está muy lejos de parecerse a una extradición, desde un inicio se trato de una acuerdo sui generis para que el ex jefe de las Fuerzas Armadas pudiera regresar a recibir justicia en nuestro país, por lo que la desestimación hecha por la Fiscalía General no transgrede disposición alguna relacionada con esta importante figura.

Uno de los temas de mayor interés a últimos días, ha sido la reciente noticia anunciada por la Fiscalía General de la República, quien determinó el No Ejercicio de la Acción Penal en contra del anterior secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos Zepeda por no encontrar pruebas de las acusaciones realizadas al ex funcionario en Estados Unidos.


Hay que recordar que el general fue detenido el 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles, California, dónde pretendían enjuiciarlo por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, tras una investigación de la Agencia Antidrogas (DEA) de ese país. Sin embargo, tras una nota diplomática por parte del gobierno nacional, expresando un profundo extrañamiento por la detención del general Cienfuegos, y la petición de los fiscales, se desestimaron en el país del norte los cargos en su contra, por lo que fue enviado a nuestro país con la finalidad de que bajo nuestras leyes y procedimientos fuera investigado y en su caso procesado.


El retorno del general Cienfuegos no fue una extradición, por lo que no existe un procedimiento incoado o alguna sentencia en su contra, ya que el gobierno estadounidense lo devolvió sin condiciones tras un acuerdo sin precedentes entre ambos Estados. Sin embargo el hecho de haber sido devuelto por un país extranjero que pretendía investigarlo y en su caso procesarlo nos hace recordar la figura de extradición internacional, razón por la cual resulta prudente recordar esta figura.


La extradición, un procedimiento a través del cual un Estado entrega a una persona que está refugiada en su territorio a otro Estado que la reclama por estar inculpada, procesada o convicta por la comisión de algún ilícito, encuentra su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley de Extradición Internacional, la Convención sobre Extradición signada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, y diversos tratados bilaterales en la materia que se encuentran vigentes, uno de estos es el que rige las relaciones que en materia tienen nuestro país y los Estados Unidos.


Según el tratado bilateral con el país vecino, ambos Estados se comprometen a entregarse mutuamente, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito, o que sean reclamadas para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente.


En nuestro país, la extradición comienza a través de un requerimiento del Estado extranjero, que debe presentarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual, de admitir la requisitoria, la envía a la Fiscalía General de la República, quien inicia un procedimiento ante el Juez de Distrito Competente, el cual a su vez, ordenará la detención de la persona reclamada; le hará saber la orden de extradición y le otorgará su derecho de audiencia y a una defesa adecuada. El juez de distrito emitirá una opinión respecto al caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que ésta resuelva si concede o rehúsa la extradición.


En los procedimientos de extradición deben respetarse diversos principios, como el de doble incriminación, es decir el ilícito cometido por la persona objeto de la extradición debe ser considerado delito tanto en el estado solicitante como en el solicitado; el principio non bis in ídem, pues no puede ser extraditada una persona debido a hechos por los cuales ya fue juzgada; se exige la reciprocidad internacional; se prohíben tribunales especiales o de excepción, y el estado solicitante debe comprometerse a no aplicar la pena capital o cualquier otra trascendental o inusitada prohibida por nuestra ley suprema, entre otras.


El tratado bilateral con Estados Unidos, además del compromiso de entregarse recíprocamente a las personas reclamadas para el cumplimiento de una pena por un delito cometido dentro del territorio de la parte requirente, establece condiciones específicas, por ejemplo que existan pruebas suficientes, que no proceda por delitos políticos ni militares, ni si ha prescrito la acción penal, además aparece el compromiso de que no se impondrá la pena de muerte a la persona requerida, asimismo, en caso de que una de las partes niegue la extradición deberá exponer las razones.


El objetivo de la extradición es evitar que una persona acusada o sentenciada evada la justicia cambiándose de país, no obstante en todo momento deben respetarse los derechos humanos consagrados en nuestra ley suprema y en los tratados internacionales de los que México es parte. El caso del General Cienfuegos está muy lejos de parecerse a una extradición, desde un inicio se trato de una acuerdo sui generis para que el ex jefe de las Fuerzas Armadas pudiera regresar a recibir justicia en nuestro país, por lo que la desestimación hecha por la Fiscalía General no transgrede disposición alguna relacionada con esta importante figura.