Una sociedad es insegura si no tiene garantizadas las oportunidades para desarrollarse. El desafío en el marco de los condicionamientos que impone el proceso de globalización mundial es lograr para las comunidades formas de crecimiento y desarrollo con justicia social, adaptando objetivos y políticas a los cambios vertiginosos de la época actual. Para eso es imprescindible que el Estado cumpla su responsabilidad de otorgarle seguridad a los ciudadanos, con una tarea que va más allá de evitar delitos y erradicar la violencia.
La problemática de la seguridad es multicausal y plurisocial, además de universal. No existe solución única, sino diversas para cada uno de sus aspectos, y muchas exceden la competencia y el margen de gobernabilidad de los gobiernos, quienes deben desempeñar protagonismo cada vez mayor en el diseño de políticas de seguridad, bajo la premisa de que sólo se puede construir una política que aumente el nivel de efectividad si se cuenta con la participación e involucramiento real de todos los actores sociales.
Este año 2020 es definitivamente atípico dada la nueva normalidad, la que conlleva aumento en el desempleo y efectos económicos a la baja, que en conjunto crean, sin duda, un efecto negativo en la sociedad, pues aumentan los índices de inseguridad, es decir se incrementa la actividad delictiva, por lo que en la mayoría de la población crece la incertidumbre respecto a su condiciones de vida en el futuro.
De acuerdo con la última actualización del INEGI, el 19 de octubre pasado, el sentir general es el siguiente:
- Durante septiembre de 2020, 67.8 por ciento de la población de 18 años y más considera que, en términos de delincuencia, es inseguro vivir en la ciudad donde residen.
- En ese mismo mes, 78.1 por ciento de la población de 18 años y más señaló sentirse insegura en el cajero automático localizado en vía pública, y 72.8 por ciento se sintió insegura en el transporte público.
También, 33.2 por ciento de la población de 18 años y más consideró que la delincuencia seguirá igual en los próximos 12 meses, mientras que 33.9 por ciento considera que empeorará.
Asimismo 39.6 por ciento de la población de 18 años y más refirió haber visto o escuchado durante el tercer trimestre de 2020, disparos frecuentes en los alrededores de su vivienda, lo que configura la quinta conducta delictiva o antisocial más frecuente.
- Durante el tercer trimestre de 2020, 61.8 por ciento de la población de 18 años y más cambió su hábito de llevar cosas de valor por temor a ser víctimas de la delincuencia.
En ese mismo periodo, en 8.5 por ciento de los hogares del país al menos un integrante de la familia sufrió robo o asalto en calle o transporte, sin considerar el robo a casa habitación (dato que aún no se actualiza en lo relativo al tercer trimestre del 2020).
No se debe perder de vista que, por un lado, el aumento de la sensación de inseguridad se debe a que la victimización directa de una fracción de la población es difundida a través del entramado social y genera un grupo más amplio de víctimas indirectas, es decir personas que no son puntualmente afectadas, pero por miedo a la victimización limitan sus hábitos, conductas y actitudes.
Por el otro, es también resultado de la difusión que los medios de comunicación masiva dan a los delitos, a lo que eventualmente se suma la percepción de que falta respuesta adecuada de los organismos de seguridad en general.
Por cuanto a los problemas sociales de fondo ajenos a la delincuencia organizada, es decir los que llevan a cualquier persona a cometer un delito, a la sociedad a percibir como delictiva alguna conducta determinada (claramente el robo a mano armada) y a las agencias de control social a punir, es claro que no se solucionan únicamente aumentando la pena carcelaria, ni poniendo más policías en las calles.
Son múltiples los aspectos sociales que se deben cubrir (educación, generación de empleos, paz social, etc.) para que los ciudadanos no vean ni tengan la delincuencia como mejor opción para subsistir.
Así es el Derecho.
