Hemos hablado mil veces y lo seguiremos haciendo aunque pequemos de repetitivos, respecto a los derechos, libertades y prerrogativas que todos los ciudadanos tenemos reconocidos en nuestra Ley Suprema, tratados internacionales e incluso
leyes internas, de la obligación del Estado de garantizarlos y de todo ciudadano a respetarlos, a fin de lograr convivencia social plena.
Siempre valoramos y estamos y estaremos dispuestos a defender cada una de nuestras libertades y derechos, pues su vigencia y el reconocimiento a la facultad para ejercerlos y la obligación de la autoridad de respetar todo esto, es producto de muchas y viejas luchas civiles para reivindicar a los ciudadanos frente al poder del Estado, y la consecución de libertad de expresión y pensamiento es fruto acabado de esas lides. Es por esto que en un Estado de Derecho como pretende ser el nuestro, la manifestación de las ideas no debe ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, conforme lo prevé el artículo sexto constitucional.
Todos podemos buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de comunicación, siempre y cuando no se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o bien, se provoque algún delito o perturbe el orden público, pues al ser un derecho cuyo ejercicio es a través de medios de comunicación que alcanzan a miles, quizá millones de personas, debe ser con respeto y con consciencia de la responsabilidad que implica el ser leídos, escuchados e incluso vistos por gran número de ciudadanos, pues puede influir en su opinión y aun en su manera de actuar.
Pese a la obligación de respetar esos principios y los constantes llamados a hacerlo, plumas y voces despreocupadas y/o irresponsables lesionan incluso con calumnias, a ciudadanos
y a las mismas instituciones, ignoran deliberadamente la responsabilidad que implica el ser informador o hasta líder de opinión, y los propietarios de los medios de comunicación de que se valen para el caso, pueden cesar al responsable, como sucedió el fin de semana pasada con el lamentable comentario de Ricardo Alemán, y ante la omisión de ellos, los ciudadanos cuentan con medios jurídicos para exigir el respeto que todos merecemos a nuestra vida, persona y derechos.
Uno de esos medios es el derecho de réplica también inserto en la Constitución, el cual implica que toda persona, sea común y corriente, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular y aun los partidos políticos, tienen derecho a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, que sean inexactos o falsos y cuya divulgación les cause agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen. Los medios están obligados a publicar las réplicas.
Para ejercer el derecho de réplica existe una ley reglamentaria del artículo sexto constitucional, pero no es la única opción, ya que el ciudadano que se siente agraviado tiene otras por la vía civil, como una demanda por daño moral, e incluso en el ámbito penal.
Sin embargo, más allá de saber cuáles son los pasos a seguir una vez que un periodista o medio de comunicación da información falsa, inexacta, ataque la moral o la vida privada de terceros, es más importante prevenirnos contra esos actos, pues debemos tener en cuenta, parafraseando a Jean Paul Sartre, que nuestra libertad termina donde comienza la de los demás, y sobre todo considerar que el desempeño en un medio de comunicación es un privilegio que debe emplearse para informar y construir, no para confundir o dividir a los ciudadanos.
