Los últimos meses han significado cambio trascendente en la vida de la gente de todos los rincones del mundo. Los gobiernos de cada Estado han tenido que implementar medidas sanitarias, jurídicas y de seguridad pertinentes a fin de tratar de controlar la expansión del coronavirus COVID 19 y, así, salvaguardar la salud de sus pobladores.
En este sentido, la emisión de decretos y acuerdos se han constituido en medios para implementar las decisiones de gobierno para combatir el mal. Claro ejemplo es la Declaratoria de Emergencia Sanitaria de treinta de marzo emitida por el Consejo de Salubridad General de nuestro país, mientras a escala internacional, incluso hemos sido testigos, diversos países decretaron Estados de Excepción o de Emergencia, cada uno de ellos con sentido jurídico, y con la intención de controlar los efectos negativos de esa crisis sanitaria.
Atentos a la magnitud de la crisis sanitaria mundial, hemos visto que se han decretado toques de queda en países como España, Colombia, Chile, en otros han limitado los horarios para hacer compras, la obligación general de usar cubrebocas, o la realización de las pruebas de padecer o no el mal, medidas que si bien pueden considerarse transgresoras de las libertades individuales, están justificadas por la intención de tratar de contener la propagación del coronavirus.
La experiencia nacional ante la pandemia es que se ha apostado a la conciencia de las personas para que tengan buenos resultados los llamados a permanecer en casa y guardar sana distancia, tratando de respetar lo más posible las libertades individuales y el libre albedrío de los individuos. Han sido pocas las disposiciones extraordinarias, sólo 31 municipios decretaron todo de queda, algunos otros implementaron ley seca y en algunas entidades como la Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México se restringió la circulación ampliando el programa respectivo Hoy no circula.
Si bien es cierto que estamos habituados a que el Estado impone normas jurídicas, bilaterales, externas y coercitivas que regulan nuestras actividades y conducta ordinarias y estamos obligados a obedecerlas so pena de sanciones por no hacerlo, es necesario aceptar que en estos momentos en que la salud de todos se encuentra en riesgo, cada uno de nosotros debemos imponernos la “norma moral “ en nuestro fuero interno de realizar acciones a fin de evitar la propagación de la epidemia.
Es incuestionable que no existe ley que nos obligue a acatar las disposiciones del Estado para contrarrestar la pandemia, como llamar a que cada ciudadano se quede en casa, usar cubrebocas, limitar las reuniones familiares y sociales y evitar la aglomeración de individuos, debemos hacerlo, pues, en resumen, implican contribución al esfuerzo estatal para impedir que el mal afecte a toda la sociedad, lo que empieza por tratar de evitar que una persona infectada contagie a otras.
Los cuidados que cada uno de nosotros hacemos o no de nuestra salud y de nuestra familia impactarán positiva o negativamente en la lucha nacional para controlar la pandemia, máxime en este momento en que se ha dado por concluida la jornada nacional de sana distancia y poco a poco la gente regresa a las calles a fin de reactivar las actividades económicas.
Ahora más que antes debemos de seguir tomando medidas para tratar de evitar contagios, como salir de casa sólo para lo estrictamente necesario, lavar las manos constantemente y usar cubrebocas, pues debemos asumir la responsabilidad individual de cuidarnos y contribuir al cuidado de los demás, lo que es fundamental ahora que empieza la nueva normalidad.
Así es el Derecho.
