El pasado sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el proyecto de egresos para el año 2019, que deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el treinta y uno de diciembre, junto con la Ley de Ingresos. Uno y otra son trascendentales, pues delimitarán los recursos con que cuenta el Estado para sus tareas.
En el proceso legislativo en materia presupuestaria intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo; el Ejecutivo lo inicia enviando a la Cámara de Diputados, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el paquete económico, que contiene el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y los criterios generales de política económica.
Concretamente, el presupuesto se refiere a los gastos que pretende realizar el Estado; la Ley de ingresos a la fuente de sus recursos, la miscelánea fiscal a las reformas legales necesarias en materia fiscal, y los criterios de política económica vienen a ser las directrices a asumir asumirá respecto a los principales indicadores macroeconómicos, como son el PIB, el precio del petróleo, el tipo de cambio y la tasa de interés.
Por lo que hace a la iniciativa de Ley de Ingresos, su examen, discusión, modificación y aprobación es competencia del Congreso de la Unión, es decir de ambas cámaras, para lo cual la de Diputados se constituye en cámara de origen y la de Senadores en revisora, y termina con la promulgación de esa ley por parte del Ejecutivo.
Respecto al proyecto de egresos, la facultad de examinarlo, discutirlo y, en su caso, modificarlo y aprobarlo es exclusiva de la Cámara de Diputados.
El proyecto actual presentado por el Ejecutivo disminuye el presupuesto de varias Secretarías, entre ellas la de Medio Ambiente, la de Agricultura y Desarrollo Rural y la de Cultura, y el de la Comisión Reguladora de Energía; lo aumenta a las de Trabajo, de la Defensa y de Salud. Ésta última recibe un incremento de 652 millones 78 mil 402 pesos.
Desde esta trinchera queremos hacer un llamado a la Cámara de Diputados para que vigile de cerca que ese presupuesto sea efectivamente, para garantizar el derecho a la salud establecido en el artículo cuarto constitucional.
La salud es un derecho humano reconocido en nuestra ley fundamental, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales --ratificado por México en 1981—y en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, organismo del cual nuestro país es parte.
Aunque los aumentos presupuestales en el Ramo 12 Salud han crecido continuamente desde hace seis años, al pasar de 89 mil 892 millones en 2010 a 132 mil 216 este año, los servicios de salud pública siguen dejando mucho que desear en cantidad, calidad y calidez.
Si bien a bombo y platillo han anunciado la construcción de hospitales, concentrada en zonas urbanas, la realidad es que muchos quedaron a medias y en otros equipo, instrumentos, personal y medicinas son insuficientes para dar atención de primera a quienes la requieren.
Prueba de lo anterior son las recomendaciones de la CNDH al sector salud en general y en particular al IMSS e ISSSTE, por las quejas que ha recibido de pacientes y de los derechohabientes, que desconocen las limitaciones que tienen los médicos, enfermeras y empleados administrativos, quienes trabajan esforzándose, tal vez hasta haciendo milagros, frente a la inhumana realidad que se ve en todos los centros asistenciales públicos del país.
Por eso, más allá del aumento presupuestario se requerirán acciones efectivas que hagan posible garantizar el cabal cumplimiento del derecho humano a la salud.
Así es el Derecho.
