Si bien es cierto ya tiene varios años que en nuestro país nos hemos preocupado por establecer normas para proteger integralmente a la mujer y ponerla en un plano de igualdad normativa con respecto al hombre, además de llevar a cabo un sinnúmero de iniciativas para procurar la equidad en oportunidades y percepciones económicas, así como que dicha igualdad está contemplada en nuestra ley suprema, en su artículo cuarto, y que los derechos humanos tienen ya siete años de ser el pilar fundamental de nuestro sistema jurídico, la realidad es que al día de hoy la violencia contra la mujer sigue siendo un mal endémico en nuestro país.
Tan sólo durante el primer semestre de este año se han presentado 402 feminicidios legalmente tipificados en México, razón por la cual, el riesgo que las mujeres corren en nuestro país incluso ha llamado la atención de la Organización de las Naciones, que el pasado lunes a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, instó al gobierno mexicano a adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y desapariciones en el país entre las que destacan recomendaciones como tipificar el feminicidio como delito en todo el país, así como la implementación para mitigar la trata de mujeres para la explotación sexual y el trabajo forzado.
Parece que estamos pasando por una crisis de violencia con enfoque de género, y hay mucho que trabajar para acabar con ella, sin embargo no podemos minimizar los esfuerzos que se han hecho para defender los derechos y la integridad de las mujeres, los cuales fueron reconocidos por el mismo comité, por ejemplo, recordemos que se han firmado diversos tratados y declaraciones relativas a los derechos humanos que procuran el respeto a las garantías y prerrogativas que emanan de los atributos inherentes a la naturaleza humana, sin distinción de género y se creó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del ahora CdMx, en el 2008.
El objetivo de la ley es establecer principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y respetar sus derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad, reconociéndoles el derecho a ser tratadas con respeto a su integridad; contar con protección de las autoridades cuando se encuentre en riesgo; recibir información veraz y suficiente, contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita entre otras, así como acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos en las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin.
Además contempla la participación de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, ambas de la Ciudad de México, para procurar al máximo inhibir conductas violentas hacia la mujer.
Asimismo, se ha tipificado el delito de feminicidio, únicamente en diecinueve de las treinta y dos entidades federativas que conforman nuestra país, sin embargo, sabemos que cualquier ser humano puede ser victimario o víctima de la violencia, pero al decir de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por cuestiones culturales primordialmente, las mujeres están más expuestas a sufrirla; a escala mundial, hasta 70% de ellas experimenta violencia en el transcurso de su vida.
En este orden de ideas nos queda claro que pese a los esfuerzos hay mucho que hacer para poder garantizar plenamente la equidad de género en nuestro país, debemos lograr que las mujeres sean tratadas con justicia en concordancia con su sus necesidades.
