El mes de septiembre de 2017 es y será recordado por muchas generaciones en el país porque ocurrió el segundo sismo de mayor intensidad en los últimos cien años, el mismo día en que lleváramos a cabo un macrosimulacro en recuerdo del primero, acontecido hace treinta y dos años, y porque dañó gran parte de los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Puebla y México y a la ciudad capital, que sufrió las mayores pérdidas económicas y de vidas, la que es peor porque éstas son irreemplazables.
Los trabajos de rescate y recuperación están por concluir. El siguiente paso es comenzar la reconstrucción no solo de los 38 edificios destruidos o semidestruidos en las delegaciones Benito Juárez, Tlalpan o Cuauhtémoc, en las que presenciamos grandes muestras de solidaridad y valentía durante el periodo de rescate, sino de las miles de casas afectadas, de las que muchas quedaron inhabitables; escuelas, negocios, incluso hospitales, tanto en la ciudad como en las entidades federativas citadas.
Por eso ahora surge la pregunta obligada: ¿quién pagará esa reconstrucción? Cualquiera podría pensar que es obligación del Estado la reparación de daños y el auxilio a los damnificados. Si bien hasta el cansancio se ha hablado de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) el cual presenta sobre ejercicio, es decir ha otorgado más recursos que los de su presupuesto-, los seguros con que cuentan instituciones como la Secretaría de Educación Pública, y partidas especiales, nos queda claro que es y será necesaria la participación de la iniciativa privada y de la sociedad en general.
La activa, consciente y solidaria sociedad hizo propuesta que se quiere ver controversial: reducir las aportaciones del INE a los partidos políticos para actividades electorales, a la cual puede sumarse la de constituir un fideicomiso para la reconstrucción, cuyo capital bien podría obtenerse de recuperar si es posible “y dejar de otorgarlos” beneficios fiscales a la iniciativa privada.
Es importante la magnitud de los recursos de que se dispondría, pues, según datos de Fundar, hasta el año pasado el Ejecutivo federal ha perdonado 188 mil millones de pesos en impuestos a diversas empresas por cancelación y condonación de créditos fiscales, de lo que tan solo 15 empresas han obtenido la mayor parte.
Por más que nos repitamos que los temblores son imprevisibles y el hombre no puede ganarle a la fuerza de la naturaleza, es inevitable pensar en negligencia, carencia de prevención y responsabilidad, tanto del Estado como de empresas y particulares.
Es decir que las autoridades otorgaron permisos de construcción a empresas y particulares que decidieron construir sin planeación y sin estudios previos de suelo tan necesarios por la alta sismicidad del país, o bien utilizando materiales de baja calidad.
Por cuanto hace a la responsabilidad de empresa y particulares, a la fecha se han levantado ciento cuarenta denuncias contra inmobiliarias, constructoras y promotores de vivienda, por fraude y, en algunos casos, homicidio culposo.
Pese a que las normas de construcción en la ciudad se endurecieron a partir de la tragedia de 1985, lo que sin duda ahora evitó que se dañaran más edificaciones y hubiera más decesos, por algunos casos del desastre pareciera que treinta y dos años después lo único que aprendimos fue realizar simulacros, pues no hay almacenes de víveres para caso de contingencia; carecemos de maquinaria para levantar escombros y medios para ser trasladarla a donde sea necesario, y la tecnología para casos de desastres ha quedado muy lejos de la de otros países. De aquí la ingente y urgente importancia de las redes sociales, la participación de la sociedad, la colaboración de naciones amigas para actuar en apoyo a afectados por este siniestro, y de las Fuerzas Armadas.
Si realmente deseamos que los daños por fenómenos telúricos sean cada vez menores, es indispensable la prevención, la cual va más allá de un simulacro al año, debemos implementar políticas de construcción antisísmicas como las de Japón, que cuenta con ley de estándar de construcción, normas mínimas sobre el emplazamiento, la estructura, las instalaciones y el uso de los edificios, con el fin de proteger la vida, la salud y la propiedad de la nación y contribuir así a promover el bienestar público.
Además de las características de las nuevas construcciones, hay que pensar en estar preparados para enfrentar contingencias, lo que incluye integración y capacitación de cuerpos de rescate, adquisición de tecnología de punta en la materia, disponibilidad de víveres, medicamentos y transporte, mayor capital al Fonden, seguros y creación de fideicomisos para la reparación de daños por fenómenos naturales, todo tan necesario para complementar el espíritu mexicano de cooperación y solidaridad hacia el prójimo. Este conjunto es y siempre será necesario en casos de eventos como el sismo que estremeció y dañó a la nación el mes pasado.
Así es el Derecho.
