/ miércoles 18 de septiembre de 2019

Así es el Derecho | Recurso Judicial efectivo

Desde el comienzo de este espacio me he referido a la importancia de la labor del poder judicial, que al aplicar y hacer respetar las leyes, tanto por los individuos como por las autoridades, mantiene la armonía y el orden social necesario para la comunidad y preserva el Estado de Derecho.

Acceder a la labor judicial, es decir a la impartición de justicia, es un derecho humano de todos los ciudadanos en nuestro país, pues nuestra Ley Suprema claramente establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. Por lo tanto, cuenta con el derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán prontos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa, imparcial y gratuita.

La resolución de conflictos mediante la labor jurisdiccional, tiene gran trascendencia en la vida en comunidad, es por ello que el Poder Judicial y sus integrantes debemos regirnos por los principios de legalidad, honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas, debiendo privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos, siempre y cuando no se afecten la igualdad entre las partes, el debido proceso ni algún otro derecho.

Hay que considerar que, al dirimir un conflicto, no todas las partes interesadas pueden tener la razón, y es por esto que las personas que en primera instancia no obtienen resolución favorable, tienen el derecho a que la misma sea revisada por otro juzgador, a efecto de tener certeza de que no se ha cometido ninguna violación legal o constitucional.

En este sentido, todo ciudadano cuenta con el derecho humano a un recurso judicial efectivo, es decir a un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de tribunal competente para determinar si ha habido o no violación a los derechos humanos o de la ley y, en su caso, proporcionar su reparación.

Este derecho se desprende del artículo 25 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la misma Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas en ejercicio de funciones oficiales.

En el sistema jurídico mexicano, para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad de una disposición de observancia general o bien de resolución judicial, el recurso efectivo es el juicio de amparo, ya que permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos del promovente y, en su caso, puede proporcionar una reparación.

A nivel local, en el ámbito de la labor jurisdiccional contamos con recursos como la apelación y la queja, los cuales son de la competencia de “salas”, integradas por tres magistrados, y su finalidad es la de confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada, y de ello depende la legalidad de la misma. Por esto pueden ser considerados como recursos efectivos y una herramienta más para que el ciudadano reclame el respeto a sus derechos humanos, sobre todo los relacionados con la seguridad jurídica y el acceso a la justicia efectiva.

Tanto el sometimiento a un juicio como el derecho al recurso efectivo son muestra clara de la importancia que tiene la impartición justicia como pilar fundamental del Estado de Derecho, y debemos recordar que miles de mexicanos desde que comenzamos en las universidades soñamos con ser parte del Poder Judicial para con esfuerzo, entrega y honradez, desempeñar esta labor que requiere horas de estudio, dedicación y sacrificio.

Si bien la falla pública de alguno de nosotros suele repercutir en la concepción que la comunidad tiene de la impartición de justicia, es necesario no perder de vista que el Poder Judicial es indispensable para la defensa de los derechos humanos, el respeto a la legalidad y la resolución pacífica de los conflictos.

Así es el Derecho

Desde el comienzo de este espacio me he referido a la importancia de la labor del poder judicial, que al aplicar y hacer respetar las leyes, tanto por los individuos como por las autoridades, mantiene la armonía y el orden social necesario para la comunidad y preserva el Estado de Derecho.

Acceder a la labor judicial, es decir a la impartición de justicia, es un derecho humano de todos los ciudadanos en nuestro país, pues nuestra Ley Suprema claramente establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. Por lo tanto, cuenta con el derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán prontos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa, imparcial y gratuita.

La resolución de conflictos mediante la labor jurisdiccional, tiene gran trascendencia en la vida en comunidad, es por ello que el Poder Judicial y sus integrantes debemos regirnos por los principios de legalidad, honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas, debiendo privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos, siempre y cuando no se afecten la igualdad entre las partes, el debido proceso ni algún otro derecho.

Hay que considerar que, al dirimir un conflicto, no todas las partes interesadas pueden tener la razón, y es por esto que las personas que en primera instancia no obtienen resolución favorable, tienen el derecho a que la misma sea revisada por otro juzgador, a efecto de tener certeza de que no se ha cometido ninguna violación legal o constitucional.

En este sentido, todo ciudadano cuenta con el derecho humano a un recurso judicial efectivo, es decir a un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de tribunal competente para determinar si ha habido o no violación a los derechos humanos o de la ley y, en su caso, proporcionar su reparación.

Este derecho se desprende del artículo 25 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la misma Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas en ejercicio de funciones oficiales.

En el sistema jurídico mexicano, para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad de una disposición de observancia general o bien de resolución judicial, el recurso efectivo es el juicio de amparo, ya que permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos del promovente y, en su caso, puede proporcionar una reparación.

A nivel local, en el ámbito de la labor jurisdiccional contamos con recursos como la apelación y la queja, los cuales son de la competencia de “salas”, integradas por tres magistrados, y su finalidad es la de confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada, y de ello depende la legalidad de la misma. Por esto pueden ser considerados como recursos efectivos y una herramienta más para que el ciudadano reclame el respeto a sus derechos humanos, sobre todo los relacionados con la seguridad jurídica y el acceso a la justicia efectiva.

Tanto el sometimiento a un juicio como el derecho al recurso efectivo son muestra clara de la importancia que tiene la impartición justicia como pilar fundamental del Estado de Derecho, y debemos recordar que miles de mexicanos desde que comenzamos en las universidades soñamos con ser parte del Poder Judicial para con esfuerzo, entrega y honradez, desempeñar esta labor que requiere horas de estudio, dedicación y sacrificio.

Si bien la falla pública de alguno de nosotros suele repercutir en la concepción que la comunidad tiene de la impartición de justicia, es necesario no perder de vista que el Poder Judicial es indispensable para la defensa de los derechos humanos, el respeto a la legalidad y la resolución pacífica de los conflictos.

Así es el Derecho