/ miércoles 12 de junio de 2019

Así es el Derecho | ¡Ya basta!

En los últimos días, la atención de los habitantes de la entidad Ciudad de México, quizá del país entero, estuvo centrada en Norberto Ronquillo Hernández (QEPD), el joven estudiante secuestrado la semana pasada al salir de su universidad, ubicada al sur de esta metrópoli, y cuyo cuerpo, lastimosamente, fue encontrado sin vida al principio de esta semana.

Suceso que es triste y alarmante no sólo para su familia, sino también para miles de ciudadanos que sentimos la tragedia del prójimo y, además, pensamos: “pude ser yo”, “pudo ser un pariente”, “un amigo”, y es que la percepción de inseguridad, el aumento de la delincuencia y la violencia son temas ya endémicos en el país.

Las causas tal vez son añejas, identificadas con equivocadas políticas públicas de seguridad, recrudecidas por la falta de educación, la carencia de oportunidades, salarios bajos, la desintegración de la familia y el desgajamiento de los valores sociales. No podemos cambiarlas hoy, son parte del pasado, y trabajar para educar a las personas y crearles oportunidades de vida que las aleje de la delincuencia, requiere tiempo y, sin duda, dará resultados, pero a muy largo plazo.

Hoy debemos buscar soluciones concretas, acciones de gobierno contundentes, apoyadas en un cambio de actitud cívica ante la delincuencia. ¡Ya basta!, a todos nos corresponde trabajar en ello.

El Poder Legislativo debe efectuar las reformas de leyes necesarias para terminar con la conocida puerta giratoria, mejorar el sistema penal acusatorio a fin de asegurarnos de que quienes delincan reciban las penas que les convenzan de lo conveniente de no violar la ley y no reincidir en el delito.

Es necesario porque al día de hoy hay muchos mecanismos jurídicos para que las personas que cometan delitos, aunque sean detenidas en flagrancia, reciban beneficios que les permitan de inmediato regresar a su vida “normal”, sus actividades al margen de la ley. En concreto el llamado “nuevo sistema” (penal acusatorio) debe ser mejorado, o cambiarlo si aun así no funciona.

Por su parte, el Poder Ejecutivo debe recurrir a todos los elementos con que cuenta para mejorar las condiciones de las autoridades investigadoras, de las policías de seguridad pública urbana, de las propias fuerzas armadas y de la guardia nacional. Implica capacitación constante, mejorías en sus condiciones laborales y empleo, defensa de sus derechos y reivindicación de su imagen ante la sociedad.

Sobre todo, permitiéndoles el libre ejercicio de la potestad estatal que representan, actuar conforme a las circunstancias que enfrenten, sin miedo a represalias por hacer su trabajo, por cuidar de la sociedad, aunque constreñidos, desde luego, al respeto irrestricto a los derechos humanos.

En el Poder Judicial debemos aprender a ponderar los derechos humanos de las víctimas, de la sociedad y de los infractores, no se trata de tener prejuicios contra las personas imputadas de probable comisión de un delito, ni de olvidar que además de dirimir controversias entre particulares, debemos velar por la prevalencia del Estado de Derecho, la paz y el orden, respetando en el marco jurídico vigente.

Lo más relevante para éxito de esta empresa es el compromiso social, que todos participemos. Tenemos identificados puntos donde se realizan actividades ilícitas e incluso a personas. Así es el Derecho.

En los últimos días, la atención de los habitantes de la entidad Ciudad de México, quizá del país entero, estuvo centrada en Norberto Ronquillo Hernández (QEPD), el joven estudiante secuestrado la semana pasada al salir de su universidad, ubicada al sur de esta metrópoli, y cuyo cuerpo, lastimosamente, fue encontrado sin vida al principio de esta semana.

Suceso que es triste y alarmante no sólo para su familia, sino también para miles de ciudadanos que sentimos la tragedia del prójimo y, además, pensamos: “pude ser yo”, “pudo ser un pariente”, “un amigo”, y es que la percepción de inseguridad, el aumento de la delincuencia y la violencia son temas ya endémicos en el país.

Las causas tal vez son añejas, identificadas con equivocadas políticas públicas de seguridad, recrudecidas por la falta de educación, la carencia de oportunidades, salarios bajos, la desintegración de la familia y el desgajamiento de los valores sociales. No podemos cambiarlas hoy, son parte del pasado, y trabajar para educar a las personas y crearles oportunidades de vida que las aleje de la delincuencia, requiere tiempo y, sin duda, dará resultados, pero a muy largo plazo.

Hoy debemos buscar soluciones concretas, acciones de gobierno contundentes, apoyadas en un cambio de actitud cívica ante la delincuencia. ¡Ya basta!, a todos nos corresponde trabajar en ello.

El Poder Legislativo debe efectuar las reformas de leyes necesarias para terminar con la conocida puerta giratoria, mejorar el sistema penal acusatorio a fin de asegurarnos de que quienes delincan reciban las penas que les convenzan de lo conveniente de no violar la ley y no reincidir en el delito.

Es necesario porque al día de hoy hay muchos mecanismos jurídicos para que las personas que cometan delitos, aunque sean detenidas en flagrancia, reciban beneficios que les permitan de inmediato regresar a su vida “normal”, sus actividades al margen de la ley. En concreto el llamado “nuevo sistema” (penal acusatorio) debe ser mejorado, o cambiarlo si aun así no funciona.

Por su parte, el Poder Ejecutivo debe recurrir a todos los elementos con que cuenta para mejorar las condiciones de las autoridades investigadoras, de las policías de seguridad pública urbana, de las propias fuerzas armadas y de la guardia nacional. Implica capacitación constante, mejorías en sus condiciones laborales y empleo, defensa de sus derechos y reivindicación de su imagen ante la sociedad.

Sobre todo, permitiéndoles el libre ejercicio de la potestad estatal que representan, actuar conforme a las circunstancias que enfrenten, sin miedo a represalias por hacer su trabajo, por cuidar de la sociedad, aunque constreñidos, desde luego, al respeto irrestricto a los derechos humanos.

En el Poder Judicial debemos aprender a ponderar los derechos humanos de las víctimas, de la sociedad y de los infractores, no se trata de tener prejuicios contra las personas imputadas de probable comisión de un delito, ni de olvidar que además de dirimir controversias entre particulares, debemos velar por la prevalencia del Estado de Derecho, la paz y el orden, respetando en el marco jurídico vigente.

Lo más relevante para éxito de esta empresa es el compromiso social, que todos participemos. Tenemos identificados puntos donde se realizan actividades ilícitas e incluso a personas. Así es el Derecho.