El futuro de una de las instituciones fundamentales de nuestra democracia está por definirse en los próximos días. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no sólo es un garante de nuestros derechos fundamentales, sino una pieza clave de la transición hacia un país democrático en el que las garantías individuales se ejercen a plenitud.
Contrapeso del poder, organismo autónomo por antonomasia, la CNDH tendrá una nueva presidenta o presidente a partir del 15 de noviembre. De hecho, el miércoles pasado en el Senado se sometió a discusión y votación la designación de la persona que presidirá la CNDH por los próximos cinco años. Después de dos votaciones sigue la indefinición sobre quién encabezará los trabajos de dicha institución. La decisión fue aplazada para el próximo martes.
Las opciones son Rosario Piedra Ibarra, Arturo Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco Henríquez. Para la designación es necesario el voto de las dos terceras partes de las y los senadores presentes. Dicho requisito obliga a tener el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas representadas en el Senado.
Me parece que la obligatoriedad en alcanzarlo es obvia, pues otorga legitimidad al nombramiento y fortalece a la institución. Lamentablemente, después de lo ocurrido el miércoles, es evidente que lo que menos hay en este proceso es consenso. Ni mayorías, ni minorías se pudieron poner de acuerdo.
Aprovechando que fue pospuesta la designación, es un buen momento para reflexionar sobre la importancia de la misma. La CNDH es una institución autónoma del Estado que se encarga de promover, proteger y vigilar el ejercicio de los derechos humanos en el país. Dentro de sus atribuciones, destacan la de investigar violaciones a éstos, resolver quejas y formular recomendaciones públicas no vinculantes para que las autoridades reparen el daño a las víctimas. Incluso, puede solicitar que comparezcan al Senado aquellas autoridades que se nieguen a atender las recomendaciones.
De igual forma, la Constitución faculta a la CNDH para presentar acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN contra leyes federales o estatales, así como contra tratados internacionales que vulneren derechos humanos.
Las atribuciones señaladas implican ejercer una función de control al ejercicio del en materia de derechos fundamentales. De ahí que sea evidente que la designación de la presidencia de la CNDH no solo debe recaer en una persona que cuente con una trayectoria probada en la promoción y defensa de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. También debe garantizar el cumplimiento de las atribuciones de la comisión, sin filias ni fobias, y que asegure conducirse con independencia frente al poder político. Lo anterior para evitar poner en riesgo el distintivo básico de la institución, esto es, la autonomía.
Hoy la conducción de la CNDH está entre Rosario Piedra Ibarra, Arturo Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco Henríquez. Los perfiles hablan por sí solos.
La licenciada Piedra Ibarra es una activista y defensora de derechos humanos. Pertenece al Comité Eureka por la búsqueda de desaparecidos y también fue candidata a Diputada Federal del Distrito 10 en Monterrey, NL por el partido Morena.
El licenciado Peimbert presidió la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y es miembro de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Por su parte, el doctor Orozco Henríquez, quien me parece que tiene el perfil más destacado de la terna, fue presidente en dos periodos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y magistrado de la Sala Superior del TEPJF. Actualmente es investigador, profesor y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM e integrante del Consejo Consultivo de la CNDH.
Hoy es indudable que existe en México una crisis en materia de derechos humanos. Hay violaciones constantes y evidentes a los derechos de las mujeres, de migrantes, de indígenas, de la niñez y adolescencia. Hay violencia e inseguridad y falta de justicia. Por ello es necesario que la presidencia de la CNDH esté ocupada por el mejor perfil posible de la terna. La defensa de los derechos humanos de las y los habitantes del país lo exige.
En 2016 la Comisión Interamericana señaló en un informe sobre la situación de los derechos humanos en México que el gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. Hoy el Senado puede contribuir a romper ese ciclo con una correcta designación. Siempre mirando el presente y al futuro con altura de miras. Las y los habitantes de este país lo necesitamos y la CNDH también.
*Jefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE
@ebuendiaz
