El panorama económico y de seguridad en México mantiene escenarios negativos cuyos procesos sustantivos son de largo plazo y sus expresiones violentas cada vez más cotidianas. La economía a su vez, también muestra un proceso de largo plazo arraigado en un modelo que privilegia la simulación y la corrupción que se expresa en impunidad, privilegios, desigualdad y pobreza, para dar paso al nuevo régimen de fomento económico.
La lluvia de datos sobre el desempeño económico del PIB, inversión, consumo e inflación demuestran contrastes en el nivel macroeconómico, pero serias desigualdades a nivel mesoeconómico y microeconómico. Las expectativas siguen a la baja entre analistas, expertos y agencias de evaluación económica tanto nacionales como internacionales, así como en los directivos de las empresas.
La política industrial que traza la 4T se enfoca al rescate de las empresas públicas que gestionan recursos naturales y la soberanía energética de manera prioritaria, donde el gobierno promueve cambios de enfoque, régimen fiscal, gestión de la deuda y de inversión. En este contexto se encuentra la rehabilitación del sistema de refinerías y la construcción de una nueva refinería en Tabasco, así como el ajuste contractual del transporte e importación de gas natural.
También el almacenamiento, distribución y venta al detalle de combustible que propuso la reforma energética ha sido intervenido por la política industrial del gobierno, que ante la falta de inversión programada de 17 mil millones de dólares, decide reorganizar el mercado a través de combate al huachicol y una flotilla de pipas de combustible para garantizar el abasto y el reenfoque de este mercado.
En el caso de la minería, que trae una contracción considerable, se ha planteado un reenfoque del sector al grado de que se creó una nueva subsecretaría de minería y una realineación de los instrumentos mineros en la Secretaría de Economía. La reforma estructural del sector es necesaria para consolidar una industria minera sustentable y con responsabilidad social durante todas las fases del proceso; concesión, exploración, explotación y abandono. El régimen fiscal del sector minero también está a discusión para alinear el impacto local de la actividad con los impuestos para homologar las condiciones de explotación y gestión a la de los países de donde provienen las inversiones, por ejemplo de Canadá, cuyas disposiciones e impuestos son superiores a las de México.
Para la industria de la construcción, aún no hay algún incentivo o política explicita que busque su reactivación e impacto multiplicador en el desarrollo local y regional. El factor de arrastre del sector de la construcción amerita incentivos en mercados donde hay dinamismo, innovación y capacidades técnicas. Los elementos de política industrial para la construcción se encuentran en dos políticas públicas sustantivas; por un lado el derecho a la vivienda digna y por otro lado el desarrollo de la infraestructura.
Sin embargo, existen sectores dinámicos como el inmobiliario y la obra pública local que también están parados y que reclaman atención, así como la construcción para la productividad, la cual se refiere a parques industriales, naves industriales, infraestructuras especializadas, tendidos eléctricos e infraestructura de telecomunicaciones.
En el caso del sector manufacturero, la política industrial cobra mayor complejidad y estructura territorial. La política industrial en este caso tiene menos ejemplos de acciones innovadoras por parte de la 4T, que se enfoca más a políticas compensatorias que apoyen la base de la pirámide y quienes más lo necesitan. Sin embargo hay algunos aspectos visibles de la política industrial orientada al sector manufacturero que se centran en la ratificación del T MEC con un enfoque transversal de comercio exterior. También la defensa arancelaria de sectores como el acero, el aluminio y el tomate representan un ejemplo de este enfoque.
La política industrial y varios de sus instrumentos esenciales, quedan en la Subsecretaría de Industria y Comercio, la cual fomenta el desarrollo económico sustentable mediante el establecimiento de políticas que favorezcan la innovación, competitividad, productividad y competencia dentro de un entorno global. Se instrumenta una política industrial que privilegia el incremento en la productividad con base en cinco principales prioridades interrelacionadas: a) fomento industrial, b) fortalecimiento del mercado interno, c) promoción de la innovación, d) incremento a la digitalización en las empresas y e) protección de la economía familiar.
El reciclaje del programa PROSOFT por ejemplo, busca el desarrollo de centros de innovación para la articulación productiva, bajo modalidades asociativas de triple hélice, con impacto local en la innovación, el desarrollo de proyectos de inversión tecnológica, el desarrollo de capacidades tecnológicas en las personas y empresas, digitalizar los procesos productivos y comerciales entre otras posibilidades.
La constelación de instrumentos de política industrial dispersos en diferentes secretarias y dentro de la propia Secretaría de Economía, tendrán que alinearse en los programas sectoriales que desarrollará para potenciar y visibilizar sus resultados, que a nivel macroeconómico deberán aumentar la proporción de la industria en el PIB, diversificación de mercados para el comercio exterior, mayor inversión privada en innovación en relación al PIB, integración regional de productos al 60% por ejemplo y a nivel microeconómico, contar con las herramientas, alianzas e instituciones altamente especializadas para la transición tecnológica que experimentamos con la economía del conocimiento y la revolución digital.
