/ martes 28 de agosto de 2018

Atraco electoral en Nuevo León

Por increíble que parezca, de un día para otro la legalidad y la justicia en materia electoral retrocedieron en México medio siglo. Al más puro estilo de hace medio siglo, de un solo manotazo el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León regresó el reloj de la historia a tiempos que los mexicanos creíamos definitivamente superados.

El pasado día 17 el dicho Tribunal integrado por tres magistrados, al margen de lo que las disposiciones legales previenen resolvió desconocer los triunfos obtenidos por los candidatos panistas a los ayuntamientos de Monterrey y Guadalupe y adjudicarlos a los priistas, derrotados en las urnas el pasado 1° de julio. Es tan grotesco el caso que éstos, los perdidosos, lo único que estaban pidiendo era la anulación de las elecciones.

Y fue tal la “generosidad”, billetazos se dijo, que dos de los tres magistrados consideraron que si la anulación ya de por sí dinamitaba la justicia, pues de una vez llegar al extremo de declarar triunfadores a los derrotados. De una vez consumar el atraco completo. ¡Nada de andarse con medias tintas!

Más grotescos son estos casos de Monterrey y Guadalupe si se considera que el magistrado ponente elaboró sendos proyectos de sentencia en los cuales desvirtuó, con argumentos, uno a uno los agravios invocados y las “pruebas” ofrecidas por los impugnadores priistas. Y hete aquí que a continuación los otros dos magistrados votaron en contra el proyecto del ponente y por sus pistolas resolvieron adjudicar el triunfo a los priistas. Quienes presenciaron la sesión del Tribunal o vieron su desarrollo por internet, no escucharon argumento alguno del par de magistrados que hicieron mayoría para cometer el atraco. Ni razones, ni argumentos (así fueran falsos), ni réplica alguna, fundamentos o causales para sustentar su decisión. Nada. La arbitrariedad pura y descarada.

Veamos el caso de Monterrey. Como en este municipio la diferencia favorable al PAN fue mínima, inferior a cinco mil votos y menor también al uno por ciento del total de sufragios emitidos, los priistas hicieron lento y tortuoso el desarrollo de la junta municipal computadora, que al llevarse a cabo a principios de julio demoró varios días. Exigieron la apertura de los paquetes de más de 300 casillas para contar uno a uno los votos recibidos y de nada les valió, pues el nuevo recuento siguió siendo favorable al candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú.

Exigieron también la nulidad de alrededor de 600 casillas por supuestamente haberse perdido al concluir los comicios la custodia de los respectivos paquetes electorales, porque éstos se entregaron –siempre oportunamente- a la autoridad electoral federal (recuérdese que fue el mismo día de las elecciones federales) debido a mera confusión de los portadores de los paquetes, toda vez que no se confirmó alteración alguna en los resultados de los escrutinios practicados en las mismas casillas.

Pidió también el PRI la anulación de alrededor de 380 casillas por la sustitución de funcionarios de casilla de manera ilegal y por error en el llenado de las actas, lo cual jamás pudo probar.

Cuando todo lo anterior de nada les sirvió a los impugnadores priistas, como jurídicamente lo demostró el proyecto de sentencia del magistrado ponente, vino el brutal manotazo de los otros dos magistrados. Ahora el caso pasará a la sala regional del TRIFE, que ningún problema tendrá, por lo burdo del atraco, en reconocer el triunfo de los candidatos panistas.


Por increíble que parezca, de un día para otro la legalidad y la justicia en materia electoral retrocedieron en México medio siglo. Al más puro estilo de hace medio siglo, de un solo manotazo el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León regresó el reloj de la historia a tiempos que los mexicanos creíamos definitivamente superados.

El pasado día 17 el dicho Tribunal integrado por tres magistrados, al margen de lo que las disposiciones legales previenen resolvió desconocer los triunfos obtenidos por los candidatos panistas a los ayuntamientos de Monterrey y Guadalupe y adjudicarlos a los priistas, derrotados en las urnas el pasado 1° de julio. Es tan grotesco el caso que éstos, los perdidosos, lo único que estaban pidiendo era la anulación de las elecciones.

Y fue tal la “generosidad”, billetazos se dijo, que dos de los tres magistrados consideraron que si la anulación ya de por sí dinamitaba la justicia, pues de una vez llegar al extremo de declarar triunfadores a los derrotados. De una vez consumar el atraco completo. ¡Nada de andarse con medias tintas!

Más grotescos son estos casos de Monterrey y Guadalupe si se considera que el magistrado ponente elaboró sendos proyectos de sentencia en los cuales desvirtuó, con argumentos, uno a uno los agravios invocados y las “pruebas” ofrecidas por los impugnadores priistas. Y hete aquí que a continuación los otros dos magistrados votaron en contra el proyecto del ponente y por sus pistolas resolvieron adjudicar el triunfo a los priistas. Quienes presenciaron la sesión del Tribunal o vieron su desarrollo por internet, no escucharon argumento alguno del par de magistrados que hicieron mayoría para cometer el atraco. Ni razones, ni argumentos (así fueran falsos), ni réplica alguna, fundamentos o causales para sustentar su decisión. Nada. La arbitrariedad pura y descarada.

Veamos el caso de Monterrey. Como en este municipio la diferencia favorable al PAN fue mínima, inferior a cinco mil votos y menor también al uno por ciento del total de sufragios emitidos, los priistas hicieron lento y tortuoso el desarrollo de la junta municipal computadora, que al llevarse a cabo a principios de julio demoró varios días. Exigieron la apertura de los paquetes de más de 300 casillas para contar uno a uno los votos recibidos y de nada les valió, pues el nuevo recuento siguió siendo favorable al candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú.

Exigieron también la nulidad de alrededor de 600 casillas por supuestamente haberse perdido al concluir los comicios la custodia de los respectivos paquetes electorales, porque éstos se entregaron –siempre oportunamente- a la autoridad electoral federal (recuérdese que fue el mismo día de las elecciones federales) debido a mera confusión de los portadores de los paquetes, toda vez que no se confirmó alteración alguna en los resultados de los escrutinios practicados en las mismas casillas.

Pidió también el PRI la anulación de alrededor de 380 casillas por la sustitución de funcionarios de casilla de manera ilegal y por error en el llenado de las actas, lo cual jamás pudo probar.

Cuando todo lo anterior de nada les sirvió a los impugnadores priistas, como jurídicamente lo demostró el proyecto de sentencia del magistrado ponente, vino el brutal manotazo de los otros dos magistrados. Ahora el caso pasará a la sala regional del TRIFE, que ningún problema tendrá, por lo burdo del atraco, en reconocer el triunfo de los candidatos panistas.


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