/ domingo 24 de mayo de 2020

Aumenta la tensión entre gobierno y empresas

Las acciones del Gobierno de México obstaculizan la recuperación económica del país. Es conocida la tensión entre el presidente y el sector privado desde el inicio del sexenio. En plena emergencia el gobierno presiona más la relación con el Acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). El acuerdo cierra el mercado eléctrico a nuevos proyectos de energías renovables, impide la entrada en operación de plantas concluidas y es un retroceso en la transición energética.

El 29 de abril de 2020 se emitió el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional., con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). El documento plantea una invasión de facultades por parte del CENACE, al expedir un acuerdo de esta magnitud, y no cuenta con argumentos jurídico, económico, técnico ni sanitario de fondo.

Las medidas imponen una serie de limitaciones y pruebas a nuevos proyectos de energía limpia y otorga al Centro el poder de rechazar solicitudes de nuevos estudios de plantas y priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas medidas no permiten nuevos proyectos de inversión en el mercado energético nacional y obstaculizan la apertura de 28 plantas eólicas y fotovoltaicas ya concluidas, lo que pone en riesgo 30 millones de dólares invertidos en 18 estados.

El acuerdo es una ataque frontal a la seguridad jurídica de las inversiones en México. Es decir, las empresas pierden la certeza en el respeto a los acuerdos que establezcan con el Estado para respetar inyecciones de capital, construcción de infraestructura, entre otras acciones. Y por el contrario, el gobierno modifica la normatividad a modo para favorecer a la CFE, a pesar de las deficiencias que presentan sus centrales y métodos con altos niveles de contaminantes para abastecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Por otro lado, las medidas implican un retroceso en la transición energética renovable y vulneran el acceso de los mexicanos a la salud y un medio ambiente sano. El acuerdo es incongruente con la finalidad del proceso de transición establecido en la Ley de Transición Energética. La CENACE favorecerá las centrales de la CFE para abastecer electricidad al SEN. El estado de la centrales es deplorable y en su mayoría requieren de combustibles pesados (petróleo, carbón, entre otros.) para su funcionamiento.

La reactivación y recuperación económica del país necesitará del sector privado y sus empresas. El impacto de la emergencia sanitaria por el Covid-19 paró las actividades del país, la reapertura no implica la mejora inmediata de la economía o que las personas recuperarán sus empleos, eso lleva tiempo. Sin empresas y sin inversiones tomará más tiempo la reactivación y recuperación de la economía mexicana. Al Gobierno de México parece no importarle el bienestar de la sociedad.

Las acciones del Gobierno de México obstaculizan la recuperación económica del país. Es conocida la tensión entre el presidente y el sector privado desde el inicio del sexenio. En plena emergencia el gobierno presiona más la relación con el Acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). El acuerdo cierra el mercado eléctrico a nuevos proyectos de energías renovables, impide la entrada en operación de plantas concluidas y es un retroceso en la transición energética.

El 29 de abril de 2020 se emitió el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional., con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). El documento plantea una invasión de facultades por parte del CENACE, al expedir un acuerdo de esta magnitud, y no cuenta con argumentos jurídico, económico, técnico ni sanitario de fondo.

Las medidas imponen una serie de limitaciones y pruebas a nuevos proyectos de energía limpia y otorga al Centro el poder de rechazar solicitudes de nuevos estudios de plantas y priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas medidas no permiten nuevos proyectos de inversión en el mercado energético nacional y obstaculizan la apertura de 28 plantas eólicas y fotovoltaicas ya concluidas, lo que pone en riesgo 30 millones de dólares invertidos en 18 estados.

El acuerdo es una ataque frontal a la seguridad jurídica de las inversiones en México. Es decir, las empresas pierden la certeza en el respeto a los acuerdos que establezcan con el Estado para respetar inyecciones de capital, construcción de infraestructura, entre otras acciones. Y por el contrario, el gobierno modifica la normatividad a modo para favorecer a la CFE, a pesar de las deficiencias que presentan sus centrales y métodos con altos niveles de contaminantes para abastecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Por otro lado, las medidas implican un retroceso en la transición energética renovable y vulneran el acceso de los mexicanos a la salud y un medio ambiente sano. El acuerdo es incongruente con la finalidad del proceso de transición establecido en la Ley de Transición Energética. La CENACE favorecerá las centrales de la CFE para abastecer electricidad al SEN. El estado de la centrales es deplorable y en su mayoría requieren de combustibles pesados (petróleo, carbón, entre otros.) para su funcionamiento.

La reactivación y recuperación económica del país necesitará del sector privado y sus empresas. El impacto de la emergencia sanitaria por el Covid-19 paró las actividades del país, la reapertura no implica la mejora inmediata de la economía o que las personas recuperarán sus empleos, eso lleva tiempo. Sin empresas y sin inversiones tomará más tiempo la reactivación y recuperación de la economía mexicana. Al Gobierno de México parece no importarle el bienestar de la sociedad.