Con motivo de la autonomía de la Fiscalía General surgió un movimiento que busca evitar que la ocupe en automático Raúl Cervantes y ha continuado, pese a que el Presidente y su partido ya renunciaron a esa posibilidad. Pero la embestida continúa a partir de la presunción, infundada y prejuiciada, de que habría razones para que el futuro fiscal persiguiera al Presidente. El movimiento quiere, eso sí, un “fiscal a modo”, a modo de su pretensión persecutoria preestablecida como prueba de la autonomía.
Detrás del lema Una fiscalía que sí sirva está un propósito político tan condenable como el que sus promotores atribuyen al presidente. ¿Que sirva para qué? ¿realmente para perseguir a los delincuentes? Si tal es la intención, habría que mejorar su habilidad investigatoria independientemente del grado de autonomía respecto del Ejecutivo, que importaría poco ante una notable disminución de la impunidad.
El activismo de las organizaciones no gubernamentales, en este caso antigubernamentales, se ubica más en la contienda electoral que en la lucha contra el crimen. El villano es el presidente y el héroe un fiscal capaz de perseguirlo, todo a partir del insidioso afán de evitar que el fiscal “proteja” al Presidente.
Esta campaña es riesgosa para la estabilidad institucional del país. Primero, por el constante socavamiento de la institución presidencial. La idea es que su titular, aunque tenga millones de votos populares, no es confiable. Su origen democrático palidece ante la verdadera fuente de legitimidad aristocrático-corporativa: las organizaciones de la “sociedad civil”, nótese, no “del pueblo” que para ellos carece de virtud y de conocimientos y por eso es fácil de comprar o de engañar, sino de una élite educada de preferencia en el extranjero y generosamente financiada por empresas privadas. Este neocorporativismo -sustituto aceptable del malévolo que alimentaba la organización popular priista del pasado- formado por múltiples organizaciones civiles e instituciones académicas, se arroga una legitimidad superior a la democrática para decidir quién debe ocupar los puestos públicos, en particular este del fiscal, al que procuran a modo de su propia agenda política.
Pero lo peligroso es la autonomía en sí. El fiscal será depositario de un poder inmenso, jefe de una fuerza armada considerable y hasta de una flota aérea: un Cuarto Poder que en teoría no depende de ninguno. El producto será un inevitable enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Fiscal. Dado que aquel seguirá a cargo de la seguridad pública, este le echará la culpa de no prevenir efectivamente los delitos y el presidente, desresponsabilizado de perseguirlos, se quejará de la ineficiencia del fiscal para combatir la impunidad.
También hay otro posible escenario: que la pretendida autonomía sea prácticamente suprimida por un presidente políticamente fuerte, voluntarioso y autoritario que presione al fiscal puesto “a modo” por la sociedad civil, para que se vaya a su casa y pueda colocar una nueva versión del “fiscal carnal”.
La autonomía del ministerio público ya existe y no hay datos de que desvíe su poder para acusar sin bases a enemigos políticos, si bien existe la percepción de que no es suficientemente diligente para investigar posibles actos de corrupción al interior del aparato estatal pese a evidencias de claras actuaciones contra funcionarios acusados por desvío de recursos. Por eso hay que pensar dos veces antes de que el remedio resulte peor que la enfermedad.
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