Por: Raúl Rosales Ochoa
Contrario a lo manifestado por el Presidente y su equipo durante años, en marzo del año pasado, se reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional, y para otorgar facultades policiales a las Fuerzas Armadas, optando así por una militarización nunca vista en la historia moderna del país.
Es preciso recordar que esta decisión partió de una estigmatización injusta y sin sustento de los cuerpos policiales, quienes subsisten en condiciones precarias, incluidos salarios, prestaciones, infraestructura, equipamiento y profesionalización y con regímenes laborales abusivos, pero ello no implicaba desechar los esfuerzos y recursos invertidos en materia policial, como ocurrió con la extinta Policía Federal. Las insuficiencias de nuestras policías se explican, no por su incapacidad ni por su corrupción intrínsecas, sino por la indolencia de actores políticos que las han condenado al abandono.
En seguimiento a esta reforma, ayer se publicó un decreto presidencial por el que supuestamente se habría de atender la necesidad de precisar en qué consiste que las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas se realicen, como establece la reforma, de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.”
Sin embargo, lejos de dar un marco menos ambiguo a la actuación de las Fuerzas Armadas, y de establecer una línea divisoria entre las fuerzas civiles y militares, el decreto sirve a un propósito opuesto. El gobierno federal refrenda, con toda claridad, que promueve un marco de actuación militar deliberadamente ambiguo, discrecional, sin controles y sin plazos.
Al mismo tiempo, se anuncian nuevos contratos por asignación directa para que la Secretaría de la Defensa Nacional construya sucursales del Banco del Bienestar. De esta manera, no sólo se desnaturaliza a la institución castrense en su papel de policía federal, sino que se extiende el abuso involucrándola directamente en la construcción de una red diseñada para ampliar la dispersión de recursos clientelares con propósitos electorales.
Desde Causa en Común, somos consciente de la grave crisis de seguridad en la que nos encontramos, y valoramos la labor de las Fuerzas Armadas, pero estas definiciones y acciones subrayan una vocación militarista, contraria a la construcción de una vía civil en materia de seguridad pública, respetuosa de las libertades y los derechos humanos, y compatible con un régimen republicano y democrático.
