El presidente López Obrador emprende, junto con miembros de su gabinete, recorridos por todo el territorio nacional con el objetivo de promover las reformas constitucionales pendientes en el Congreso, la principal de las cuales es la eléctrica. La finalidad es convencer a las fuerzas políticas y económicas del país, incluso a algunos gobiernos y legislaturas estatales, sobre uno de los temas que considera prioritarios en su administración. Espera así echar abajo los cambios consecuencia de las reformas aprobadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que dieron dimensión institucional a los proyectos para la generación de energías limpias y renovables con tecnología que en más de 40 países del mundo se aplican para salir al paso del cambio climático que afecta al medio ambiente del paneta entero.
La reforma de Peña Nieto ensanchó los caminos a la generación de energía bajo el concepto del autoconsumo permitido con los cambios a la legislación referentes a la energía desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pero lo más importante de las reformas peñanietistas fue la apertura al capital privado, nacional o extranjero, para la generación de energías limpias con las más avanzadas tecnologías aplicadas en otros países. Con esa política de apertura, México estaría en condiciones de cumplir los compromisos de contribución a la defensa del ambiente adquiridos en acuerdos internacionales, pero principalmente como parte de las obligaciones dentro del tratado trilateral, el TEMEC, firmado por Canadá, Estados Unidos y México.
Para López Obrador la apertura eléctrica significa un atentado en contra de la soberanía nacional y la participación privada, un despojo, robo abierto de nuestros recursos por parte de grandes intereses internacionales. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad frente al bandidaje del capital privado sería para el presidente la finalidad principal.
La Comisión Federal de Electricidad fue creada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero su propósito no fue el control total, monopólico, de la generación del fluido, sino como un participante en el mercado. Años más tarde, el gobierno de Adolfo López Mateos nacionalizó, que no expropió la industria eléctrica dentro de un mercado que posibilitaba la acción de otros participantes.
Los avances de la tecnología y los retos que para el medio ambiente significa la energía a partir de combustibles fósiles ponen en evidencia la necesidad de acciones continuadas que en el mundo están ya en práctica para la eliminación gradual del empleo de combustibles altamente contaminantes no sólo para la industria, sino también para los consumos doméstico y automotriz. La cruzada emprendida por López Obrador no sería necesaria si se basara en la posibilidad de que, a cambio de rechazar la participación privada, el sector público, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos tuvieran planes concretos, factibles para la generación de energías limpias por parte de organismos estatales. Lejos de ello, el gobierno enarbola la bandera nacionalista y se declara no sólo en contra de la participación privada, sino por el empleo cada vez mayor de los combustibles fósiles, en sentido contrario a la tendencia internacional.
De esa política reticente al cumplimiento cabal de los compromisos internacionales para contrarrestar el cambio climático mundial, surge la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por la ausencia en México de planes concretos para la defensa del medio ambiente. La reciente visita a nuestro país de la secretaria del ramo del gobierno norteamericano, Jennifer Granholm, ha puesto de manifiesto que más allá de las formas cordiales en sus entrevistas con el presidente y altos funcionarios de la administración, el gobierno de Joe Biden espera evidencias de programas concretos referentes al medio ambiente, no sólo como parte del TEMEC, sino como un interesado sincero en la preservación del medio ambiente del mundo.
Defender nuestra soberanía, como lo afirma el presidente, es un propósito loable como lo es también fortalecer los órganos productivos del Estado. Pero esa soberanía no está amenazada ni se contrapone con los esfuerzos que en el mundo entero se desarrollan al reducir los efectos de la combustión contaminante, que si bien en el pasado predominó como factor indispensable para el desarrollo, en la actualidad debe ser desplazada con esfuerzos coordinados de todos los sectores sociales, económicos y políticos hacia un futuro mejor para las presentes y nuevas generaciones del mundo del que México forma parte.
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