/ martes 20 de diciembre de 2022

¡Ay, Chihuahua! La corrupción 

Si algo identificó al gobierno de Enrique Peña Nieto fue la corrupción rapaz y desmedida. Escándalos como la casa blanca, estafa maestra, los sobornos de Odedrecht y Agronitrogenados marcaron a su sexenio como uno de los más corruptos, pero no fueron los únicos y desafortunadamente en esta administración tampoco se ha hecho nada por acabar con la impunidad.

Casos emblemáticos de la corrupción de ese periodo son los Duarte, gobernadores de Veracruz y Chihuahua, que desviaron recursos, hacieron esquemas de triangulación, lavaron dinero, se beneficiaron a manos llenas y compraron impunidad mediante redes de corrupción instaladas, aceitadas y fortalecidas desde el poder político.

Entre 2016 – 2021 en Chihuahua, la Fiscalía del Estado, y de manera directa desde 2018 la fiscalía de derechos humanos, investigaron y se dedicaron a deshacer la red de corrupción del Gobierno de César Duarte, mediante la operación “Justicia para Chihuahua” que develó entre otros atracos la “Operación Safiro” un modus operandi para desviar recursos públicos a las campañas del PRI, que no sólo aplicó en Chihuahua sino también estuvieron involucrados los gobiernos de Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta y 12 empresas fantasmas, pero que solo en aquella entidad, con la determinación del entonces gobernador Javier Corral, se investigó y se sancionó.

La operación Justicia para Chihuahua condujo a la aprehensión de varios exfuncionarios públicos, entre ellos el exgobernador Duarte y el operador político del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez. Se pudieron comprobar más de 20 señalamientos contra Duarte Jáquez por enriquecimiento ilícito, peculado, soborno y corrupción.

Sin embargo, esas redes de corrupción se reinstalaron con la llegada del nuevo gobierno a Chihuahua, y el pasado 21 de noviembre la Fiscalía estatal detuvo a Francisco González Arredondo, exfiscal de derechos humanos de esa entidad, en medio de un aparatoso operativo -digno de un criminal peligroso- que le costó la vida a su padre de un infarto, por la impresión. El 27 de noviembre, una jueza local de consigna lo vinculó formalmente a proceso con prisión preventiva oficiosa.

En qué país vivimos que el perseguidor termina perseguido, escribía en su columna el periodista Ricardo Raphael, y es que el asunto apunta a una clara venganza, ya que durante las investigaciones, con González Arredondo a la cabeza, dieron con los “expedientes x” mediante los cuales se comprobaba el desvío de recursos públicos de Duarte por más de 6 mil millones de pesos que sirvieron entre otras cosas para mantener una “nómina secreta” mediante la cual se les daban importantes cantidades de dinero a diversos personajes de la entidad, entre los que figuró Maru Campos, la actual gobernadora, quien incluso fue vinculada a proceso y desestimada la acción legal cuando llegó al cargo. Muchos de los que recibieron dinero por Duarte mediante la “nomina secreta” se acogieron a criterio de oportunidad y regresaron los recursos, con lo que la fiscalía obtuvo la devolución al erario por más de 1, 356 millones de pesos por reparación de daño y pago de multas.

La acción contra el exfiscal González Arredondo al acusarlo de tortura psicológica contra quienes fueron testigos del caso Duarte, apunta además a la intención de desestimar todas las investigaciones hechas durante la operación Justicia para Chihuahua, con el objetivo de sacar de la cárcel a Cesar Duarte y dejar en la impunidad a personajes clave del PRI nacional incluido el expresidente Enrique Peña Nieto.

Sacar el caso de Chihuahua se ha vuelto un asunto imperioso, pues la reinstalación de la red de corrupción pasa por tener de nueva cuenta ministerios y jueces por consigna, que sirven a quien mejor paga. Sin embargo, me temo que tampoco podemos esperar mucho de la Fiscalía General que comanda Gertz Manero. Ay, Chihuahua, la corrupción.

Si algo identificó al gobierno de Enrique Peña Nieto fue la corrupción rapaz y desmedida. Escándalos como la casa blanca, estafa maestra, los sobornos de Odedrecht y Agronitrogenados marcaron a su sexenio como uno de los más corruptos, pero no fueron los únicos y desafortunadamente en esta administración tampoco se ha hecho nada por acabar con la impunidad.

Casos emblemáticos de la corrupción de ese periodo son los Duarte, gobernadores de Veracruz y Chihuahua, que desviaron recursos, hacieron esquemas de triangulación, lavaron dinero, se beneficiaron a manos llenas y compraron impunidad mediante redes de corrupción instaladas, aceitadas y fortalecidas desde el poder político.

Entre 2016 – 2021 en Chihuahua, la Fiscalía del Estado, y de manera directa desde 2018 la fiscalía de derechos humanos, investigaron y se dedicaron a deshacer la red de corrupción del Gobierno de César Duarte, mediante la operación “Justicia para Chihuahua” que develó entre otros atracos la “Operación Safiro” un modus operandi para desviar recursos públicos a las campañas del PRI, que no sólo aplicó en Chihuahua sino también estuvieron involucrados los gobiernos de Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta y 12 empresas fantasmas, pero que solo en aquella entidad, con la determinación del entonces gobernador Javier Corral, se investigó y se sancionó.

La operación Justicia para Chihuahua condujo a la aprehensión de varios exfuncionarios públicos, entre ellos el exgobernador Duarte y el operador político del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez. Se pudieron comprobar más de 20 señalamientos contra Duarte Jáquez por enriquecimiento ilícito, peculado, soborno y corrupción.

Sin embargo, esas redes de corrupción se reinstalaron con la llegada del nuevo gobierno a Chihuahua, y el pasado 21 de noviembre la Fiscalía estatal detuvo a Francisco González Arredondo, exfiscal de derechos humanos de esa entidad, en medio de un aparatoso operativo -digno de un criminal peligroso- que le costó la vida a su padre de un infarto, por la impresión. El 27 de noviembre, una jueza local de consigna lo vinculó formalmente a proceso con prisión preventiva oficiosa.

En qué país vivimos que el perseguidor termina perseguido, escribía en su columna el periodista Ricardo Raphael, y es que el asunto apunta a una clara venganza, ya que durante las investigaciones, con González Arredondo a la cabeza, dieron con los “expedientes x” mediante los cuales se comprobaba el desvío de recursos públicos de Duarte por más de 6 mil millones de pesos que sirvieron entre otras cosas para mantener una “nómina secreta” mediante la cual se les daban importantes cantidades de dinero a diversos personajes de la entidad, entre los que figuró Maru Campos, la actual gobernadora, quien incluso fue vinculada a proceso y desestimada la acción legal cuando llegó al cargo. Muchos de los que recibieron dinero por Duarte mediante la “nomina secreta” se acogieron a criterio de oportunidad y regresaron los recursos, con lo que la fiscalía obtuvo la devolución al erario por más de 1, 356 millones de pesos por reparación de daño y pago de multas.

La acción contra el exfiscal González Arredondo al acusarlo de tortura psicológica contra quienes fueron testigos del caso Duarte, apunta además a la intención de desestimar todas las investigaciones hechas durante la operación Justicia para Chihuahua, con el objetivo de sacar de la cárcel a Cesar Duarte y dejar en la impunidad a personajes clave del PRI nacional incluido el expresidente Enrique Peña Nieto.

Sacar el caso de Chihuahua se ha vuelto un asunto imperioso, pues la reinstalación de la red de corrupción pasa por tener de nueva cuenta ministerios y jueces por consigna, que sirven a quien mejor paga. Sin embargo, me temo que tampoco podemos esperar mucho de la Fiscalía General que comanda Gertz Manero. Ay, Chihuahua, la corrupción.

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