Mañana se cumplen 5 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El tiempo no es un aliado que contribuye para aplicar justicia y determinar la verdad histórica de los hechos, todo lo contrario, es progresiva la incertidumbre, no se sabe con precisión lo que paso y no existen responsables castigados por cometer detestables crímenes. El suceso es como una bola de nieve que baja de una montaña aumentando su velocidad pero que no llega al final. Es un túnel sin salida, en el que la obscuridad produce mayor dolor e indignación social.
Desaparecer a 43 jóvenes es un acto criminal sin precedentes en la historia reciente del país. Ello es consecuencia de una política fallida de seguridad pública que refleja la degradación constante de los cimientos del Estado para garantizar la paz social y la integridad de los ciudadanos. Desde que sucedieron los hechos, las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia no estaban preparadas para afrontar la responsabilidad de un suceso de esta naturaleza. El primero en intervenir fue el gobierno del Estado de Guerrero que no tenía las herramientas para hacer las primeras investigaciones, inmediatamente entró en auxilio la autoridad federal cuya labor a la fecha no ha tenido ningún reconocimiento público y, por el contrario, está siendo fuertemente cuestionada por no desarrollar una correcta investigación.
Es evidente que el asunto se le fue de las manos al gobierno federal, por lo que fue necesaria la intervención de organizaciones de derechos humanos y la participación de instituciones internacionales. Un actor clave del proceso fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), quienes hicieron público una serie de irregularidades y deficiencias que son la punta de lanza que cuestionan la actuación del Estado mexicano.
Las autoridades federales llevaron a la justicia penal a 142 posibles responsables, de algunos de ellos existen videos públicos en donde relatan los hechos y aceptan su responsabilidad criminal. De estos ya quedaron libres 77 y se espera que en los próximos días la cifra aumente. Uno de los argumentos que se plantea es que la PGR no realizó de manera correcta su investigación, como también que los jueces están aplicando criterios demasiado garantistas y están dejando libres a los inculpados porque fueron torturados o afectaron el debido proceso.
Los padres de las víctimas con razón quieren justicia. Un atroz crimen como el que sucedió no puede quedar impune. La nueva Fiscalía General de la República y el Gobierno Federal plantearon diversas estrategias, una de ellas es empezar de cero la investigación. La pregunta es en cuánto tiempo podrán tener listas las primeras indagatorias y si de ellas se desprende, que algunos de los responsables ya fueron absueltos por un juez y no es posible volver a procesarlos porque afectaría un principio constitucional, ¿qué van a hacer? ¿cómo explicar a los padres un tecnicismo legal? En el camino se ve una daga de un solo filo, que puede tener dos efectos: hacer más profunda la herida; o aplicar la justicia, aunque el sufrimiento sea imborrable.
