Por: Cristopher Echenique
El pasado 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, práctica que históricamente ha sido empleada para infundir terror, pues la sensación de inseguridad que genera, no se limita a los familiares de las personas desaparecidas –que nunca tuvieron certeza de su paradero o incluso de si sigue o no con vida, y por ende, sin un cuerpo para enterrar– sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
Recordamos con terror, hechos distantes a nuestros días, pero que continúan frescos en la memoria de una generación entera, como las muertes y desapariciones de la Guerra Sucia en la década de los 70, después de los cuales habríamos esperado un aprendizaje y maduración de las instituciones encargadas de impartir justicia. Sin embargo, la realidad demuestra que no fue así. Precisamente, están por cumplirse cinco años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Cinco años de un caso que se ha convertido en un triste símbolo del problema de las desapariciones forzadas en nuestro país, donde hay al menos, en cifras oficiales, más de 40,000 personas sin localizar, 26,000 cuerpos sin identificar y más de 3,000 fosas clandestinas, encontradas casi en su totalidad por colectivos de mujeres buscadoras; con investigaciones atascadas por la complicidad y la corrupción que alcanza a todos los niveles de gobierno, lo que tiene como consecuencia que muchos de los responsables continúen impunes, y lo más grave, decenas de miles de personas que siguen desaparecidas.
Contra toda esa monstruosidad y ante la evidente inacción, incapacidad y hasta obstrucción de las investigaciones por parte de la autoridad, los y las familiares de las víctimas de desaparición forzada se han agrupado para formar colectivos de búsqueda. Un ejemplo es el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, quienes han exhumado más de 189 cuerpos. Sólo por mencionar uno de tantos esfuerzos de búsqueda en el país por parte de ciudadanos organizados.
El gran desafío para la actual administración, es responder lo más rápido posible ante los nuevos casos de personas desaparecidas que se siguen registrando diariamente. La búsqueda en vida deberá ser la principal prioridad, para por lo menos evitar que la abrumadora cifra siga creciendo. Por ello, resultan indispensables comisiones de búsqueda y fiscalías, nacional y estatales, dotadas de los recursos necesarios para que funcionen. El mismo presidente López Obrador ha expresado que es la herencia más triste que ha recibido al llegar al gobierno.
