Apenas el pasado 2 de junio se renovó la gubernatura de Baja California que estuvo en manos del PAN desde 1989, ahora perdió con MORENA, quien postuló a Jaime Bonilla obteniendo el 50.6% de los sufragios. Previo al inicio del proceso electoral, cumpliendo el mandato de empatar calendarios, tal y como había ocurrido en otras entidades, desde octubre de 2014, el congreso local ajustó su constitución estableciendo que la duración del cargo para los puestos a disputarse en el proceso electoral 2019 sería de 2 años, a fin de que en 2021 las elecciones sean concurrentes con las federales y empaten para tener cargos por seis años. Es decir, Bonilla sabía con claridad el periodo del encargo que buscaba.
El lunes 8 de julio por la noche el congreso local resolvió algo inédito en la política nacional que asombró a propios y extraños, pues cambió la constitución vigente ya con gobernador electo, para ampliarle el periodo de dos a cinco años. El Congreso de Baja California tiene 25 diputados, de los cuáles 21 de varios partidos con mayoría panista votaron a favor de cambiar el Octavo Transitorio Constitucional, a iniciativa del diputado local de Morena Víctor Morán, bajo el argumento de que un periodo de 2 años representaría “un gasto sustancial para el erario” mientras que un mandato de 5 años beneficiará a la economía local”. Ese es el argumento, aunado a que supuestamente los ciudadanos le pidieron la ampliación del periodo y el diputado Víctor Morán lo supo por una encuesta que luego no atinó a dar a conocer y solo se enredó en los medios de comunicación tratando de justicarse.
Bonilla obtuvo 425 mil 385 votos. Su triunfo es inobjetable, a pesar del histórico abstencionismo por encima del 70%. El tema ha generado un enorme debate público y llama la atención que voces como la de la presidenta de MORENA, Yeidkol Polevsk, defiendan el caso con argumentos como que “es algo que la ciudadanía en Baja California está pidiendo, porque dos años son pocos”; o el del Subsecretario Ricardo Peralta, quien sostuvo que la decisión del congreso es válida, entre otras cosas, porque el periodo del encargo no está en la boleta; es real que con expresiones así puede sostenerse la defensa del voto ciudadano y la legalidad de un hecho contrario a nuestra institucionalidad democrática? o será acaso, que algunos actores políticos están en ensayos de prueba y error para sorpresas futuras?
Ha llamado también la atención la forma excesivamente prudente con la que el presidente de la república ha dicho que él no hubiese aprobado esta reforma, cierto que lo dijo no de manera espóntanea ni contundenten como cuando ha fijado su postura en otros temas relevantes para el país. Ahora lo hizo avanzado el debate y por la presión de múltiples cuestionamientos.
En contraste, voces de otros actores políticos se han expresado en contra de este hecho aberrante, entre ellos, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Tatiana Clouhtier y Gerardo Fernández Noroña. Igual es importante que ayer la Comisión Permanate del Congreso de la Unión emitió un pronunciamiento para para exhotar al congreso local y ayuntamientos a que dejen sin efectos la ampliación irregular del plazo.
La vía para combatir lo aprobado en el Congreso local es la acción de inconstitucionalidad referida en el artículo 105 de la Constitución GenVeracruzeral. Hay precedentes importantes como los relativos a casos, que con matices son similares en Aguascalientes, Michoacán y Veracriuz.
Si por la razón que sea la Corte dejara firme este precedente, se generaría un daño mayúsculo a nuestra democracia. Debemos cerrar vías a tentaciones autoritarias. Bonilla sabía las reglas del juego, no respetarlas es una traición a los electores de Baja California, incluidos quienes votaron por él. El periodo npara el que fue electo es de dos años.
Consejero electoral del INE
@MarcoBanos
