El pasado 26 de agosto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el calendario electoral 2021, donde se elegirán 21,368 cargos (3 mil más que en 2018), con un padrón nacional de 95 millones de personas (8 millones de votantes más que en 2018).
Desde el 7 de septiembre de este año y hasta el 6 de junio de 2021, habrá elecciones de gubernaturas, diputaciones locales, alcaldías, regidurías y sindicaturas municipales por todo el país, culminando con la renovación de la Cámara de Diputados. Estamos hablando casi de unas elecciones generales, ya que solo dos estados (Durango y Estado de México) no tendrán comicios locales.
Aunque el INE ha dado el banderazo oficial a las elecciones de 2021, el banderazo no oficial inicio unas semanas antes, cuando el escandaloso caso de Emilio Lozoya generó que la clase política empezaran una guerra de video-escándalos en donde ningún partido o fuerza política quedó limpio. Ahora tratemos de imaginar cómo estará el termómetro político para marzo del próximo año; seguramente estaremos en medio de un ambiente donde las campañas se centrarán en demostrar que el contrario es más corrupto.
La triste conclusión es que las alternativas democráticas y éticas escasean en México, que no hay un solo partido que no esté inmiscuido en actos de corrupción y que el espectáculo de la corrupción esconde un uso faccioso de las instituciones investigadoras. Y esto no es nuevo, ya sabemos que cuando un grupo se convierte en la élite en el poder, hace un uso faccioso de casi todo; lo escandaloso es que los que se dicen diferentes, estén actuando exactamente igual que los antecesores que criticaron y que incluso traten de construir credibilidad con miras electorales a partir de acusar de corruptos a otros, cuando la corrupción también está entre sus filas.
En medio de la polarización social derivada del proyecto político y económico del Presidente de la República, analicemos con toda objetividad dónde estamos y para dónde queremos ir. México lleva muchos años de su vida democrática navegando entre el voto de castigo y las elecciones cuestionables; pareciera que esos son los únicos dos escenarios que podemos tener: que se dude del resultado o que el ganador sea el que mejor catalizó el enojo social contra anteriores administraciones. Esto es un mal síntoma, habla de que no hay liderazgos a la altura de las necesidades del país y que no hay proyectos sino estrategias para llegar a un cargo.
Quizá las elecciones más relevantes son las del Poder Legislativo federal, y como ciudadanos debemos ser doblemente analíticos y cuidadosos porque en esos representantes populares recae la responsabilidad de votar las leyes que nos rigen y de convertir en norma, las políticas económicas, fiscales, sociales, de seguridad, etc. Esto no es poca cosa ya que una política que se vuelve ley por sus fines deseables y teóricos pero no por su lógica económica y social, suele resultar contraproducente.
Y para muestra, tenemos las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entre otras cosas, creó la figura de los súperdelegados, que concentran los programas federales en los estados y en ocasiones, entorpecen el trabajo de los gobiernos locales, en lugar de complementarlo (por no mencionar que son operadores políticos reconocidos y pagados con dinero público.
En fin, los liderazgos agrupados en los sectores sociales y económicos tenemos la tremenda tarea de exigir candidaturas serias, con proyecto político y no de partido, que son dos cosas muy distintas, especialmente ahora que además, debemos agregar la difícil situación económica derivada de la pandemia de COVID-19 y la necesaria reactivación económica.
Ahora bien, ya lo hemos dicho aquí antes: las democracias son regímenes frágiles, difíciles de sostener, que necesitan de muchas instituciones para dar resultados, pero hasta ahora es el mejor modelo para vivir con las libertades básicas y los derechos esenciales para todos. Entonces, con sus defectos, siempre será mejor la democracia que el totalitarismo y no podemos exigir menos que eso.
Pero las elecciones son solo la punta del iceberg; el verdadero conflicto está en la desigualdad que vive este país, en que haya “tres o cuatro Méxicos” dentro del mismo territorio, que no podamos encontrar los mismos mínimos de bienestar social en cada rincón del país, que las posibilidades de movilidad social sean limitadas, que los igualadores sociales como la educación pública o el acceso a la salud, no estén disponibles para cada persona que habita México. Pero en definitiva, este tema da para una siguiente entrega, dada su complejidad.
Mientras tanto, tengamos en mente una idea central: las políticas públicas no se juzgan por las intenciones de quienes las diseñan sino por los resultados que dan en la sociedad.
Empresario
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