Las designaciones hechas por AMLO, de Manuel Bartlett y Octavio Romero para dirigir respectivamente la CFE y Pemex provocaron críticas absolutamente injustificadas. La virulencia en la redes se dirigió en especial contra Bartlett, pero sus denostadores no le han objetado ni su capacidad, ni su experiencia, ni su honradez personal. Bartlett es uno de los integrantes del equipo de López Obrador con mayor conocimiento y capacidad demostradas. Titular de dos secretarías de Estado, gobernador de Puebla y dos veces Senador de la República, sus antecedentes lo califican como un funcionario público del más alto nivel. Evidentemente no se le puede descalificar en relación con dichas credenciales.
El rechazo de algunos seguidores de AMLO desconoce de manera visceral no solo sus méritos sino su vinculación inequívoca con las causas defendidas por el virtual Presidente Electo quien por algo lo ha considerado para un cargo de tanta relevancia. Nadie puede regatearle a Bartlett su compromiso esencial con las políticas nacionalistas, particularmente en materia energética; tampoco su adhesión al proyecto de Andrés Manuel en contra de las medidas privatizadoras. Quienes votaron por el candidato de Morena expresaron su oposición al proyecto neoliberal y por tanto tienen que coincidir con los planteamientos que Bartlett ha hecho desde su posición de Senador.
Más consecuentes son las críticas que le han formulado dirigentes del sector privado argumentando una supuesta inadecuación de su perfil respecto de la dirección de la CFE. Desde la derecha, el perfil de un hombre nacionalista en una empresa pública que desearían convertir en privada, no es el adecuado. Por otra parte aducen que ese cargo exige una preparación técnica específica.
Ambas apreciaciones son insostenibles. La designación obedece al programa de Morena opuesto a la privatización. Es verdad que la entrega de parte del sector eléctrico difícilmente podría revertirse de la noche a la mañana y en ese aspecto Bartlett ha sido cauteloso, pero el futuro director de la CFE la conducirá no como un negocio a explotar, sino como un servicio público a proporcionar. Por eso, al frente de la misma debe estar un funcionario con formación política y sentido social. Los técnicos instrumentarán la misión de la CFE de proveer energía con eficiencia y oportunidad sin privilegiar el lucro. La búsqueda de este afecta al servicio. Basta comparar el tiempo que tardaron las empresas privadas en reponer el aprovisionamiento después de graves afectaciones meteorológicas en Florida y en Puerto Rico, para constatar las ventajas de una empresa pública. Cuando las inversiones necesarias para reparar las líneas y reponer los equipos están condicionadas por los intereses de los accionistas o requieren de la aprobación de gerentes que calculan el impacto en los resultados financieros sin atender las angustias de quienes se ven privados de la energía eléctrica, la reacción de las empresas es lenta e ineficiente. Por eso es fundamental conservar el sentido de servicio público como lo concibe un funcionario preparado en el área política. Lo ha explicado el propio Manuel Bartlett cuando pone el ejemplo de la empresa eléctrica francesa que no está dirigida por electricistas.
Tiene razón también al decir que la CFE no debería estar comprando energía producida privadamente sino generándola a partir de su propia capacidad que tanto esfuerzo costó desarrollar. De ahí la utilidad de revisar los contratos con proveedores privados que frecuentemente resultan leoninos porque obligan al Estado a pagar por un monto de energía eléctrica preestablecido, se emplee o no. Dado que la producción energética no puede guardarse, este tipo de cláusulas garantiza las ganancias de los productores privados pero afecta gravemente el interés nacional. Por eso, desde la época en que Zedillo pretendía la privatización del sector eléctrico varios senadores nos opusimos con vigor a esa apertura. Desafortunadamente ya una parte de esa área económica se ha entregado a intereses privados, incluso extranjeros, sin embargo no es aconsejable afectarlos de golpe pues han hecho inversiones en tal actividad amparados por una régimen jurídico que lo permite; tal afectación acarrearía grave descrédito al país. Pero Bartlett va a esa responsabilidad seguramente para intentar frenar despojos futuros; verificar que los contratos actuales no impliquen latrocinios en contra de la Nación; revertir la tendencia privatizadora con inteligencia y prudencia así como recuperar la capacidad productiva y la plena viabilidad económica de la CFE.
AMLO tiene que resistir la presión ejercida sobre él por los nombramientos en las llamadas empresas productivas del Estado. Nada le haría más daño a su gobierno que echar atrás designaciones fundadas en el proyecto político y económico nacionalista que avalaron más de 30 millones de mexicanos. Mantenerlas es clave para la credibilidad de su presidencia.
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