Betty, 15 años de injusticia

En el contexto de la inseguridad en la que ha vivido nuestro país en los últimos cuando menos 22 años, ha habido una serie de errores institucionales frente a ese flagelo que a la fecha no ha podido solucionarse de manera contundente. De hecho, las definiciones de la política de la “Guerra contra el narcotráfico” iniciada por Felipe Calderón, fue el inicio de la hecatombe que ha causado la masacre por la lucha del trasiego de drogas y la vinculación de servidores públicos de primer nivel encargados de la seguridad pública con el crimen organizado (Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, se encuentra procesado penalmente en los Estados Unidos por proteger a los cárteles de las drogas en México).

Otra política pública fue la reforma al Sistema de Justicia Penal en 2008, que al hacerlo de carácter acusatorio transforma profundamente la persecución y aplicación de la justicia, circunstancia que sin duda ha coadyuvado a despresurizar la población penitenciaria nacional.

Hay deudas pendientes aunados a la reinserción social, una de ellas es la referente a las preliberaciones que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde las personas privadas de su libertad tienen el derecho a la reinserción cuando es evidente la acreditación de irregularidades procesales al momento de dictar sentencias condenatorias.

La impunidad también se debe de considerar al momento de emitir sentencias injustas, ya que el derecho se pudo aplicar en condiciones de manipulación y excesos del poder público, la impunidad no es nada más que no existan condenas, sino también que éstas se alejen de la equidad y el equilibrio de la justicia.

Betty “N” es madre de cuatro hijos, sostuvo una relación con un policía, quien fue un agresor y causó violencia emocional, económica, psicológica y primordialmente física y sexual en contra de Betty y una de sus hijas, esta última fue su víctima desde que tenía 3 años de edad.

Betty denunció a quien fue su pareja ante el conocimiento de que su hija también había sido objeto de agresión sexual y huyó con sus menores hijos.

Se enteró que su pareja la buscaba para asesinarla, por lo que se escondió. Pasado el tiempo, ella fue detenida bajo la imputación de homicidio, lo anterior, por un supuesto testigo que le imputó su responsabilidad (la familia del occiso formaba parte de la policía), este mismo la señaló como responsable del ilícito. Dicho señalamiento, sin ninguna pericial o elemento de prueba, le hizo pasar 15 años de su vida privada de su libertad, de una condena de 27 años. El día 28 de abril de 2022, Betty ha sido puesta en libertad después de la resolución de un amparo otorgado mediante el cual se le reconoce el beneficio pre liberatorio.

La justicia para Betty le hace ser una víctima más de una maquinaria judicial que en el pasado tiene condenadas a miles de personas, y que hoy padecen las sentencias de un sistema que podía llevar a la cárcel a quien no tuviera los medios para una defensa justa y equilibrada, y frente a un poder público que se utilizaba con fines de interés político en un claro ejercicio de abuso del poder.

La preliberación como una posibilidad legal para otorgarle a las personas privadas de su libertad de manera injusta, hoy se convierte en una realidad como política pública. La privación de la libertad debe ser por excepción y solo para aquellos que realmente sean un peligro público para la sociedad, y no aplicarse por un capricho punitivo o de terrorismo contra adversarios. Betty podrá reiniciar su vida en compañía de sus hijos, el reto es que esa condición sea accesible para el resto de los injustamente condenados.