La presidencia de Joe Biden ha cumplido su primer mes de gobierno. Decíamos la semana pasada que los primeros cien días serían críticos para tener idea de cuál sería el rumbo que tomaría esta nueva administración; y más aún, periodo en el que seguramente los ciudadanos estadunidenses habrán de tener una mejor prospectiva acerca de la viabilidad de las promesas que se hicieron en campaña. En ese sentido comentábamos que Biden se estará jugando su presidencia con los esfuerzos que haga en los próximos meses para vacunar a toda la población, con la finalidad de evitar tantas muertes, y al mismo de permitir un paulatino regreso a la normalidad (sea cual fuere esta). Uno de los efectos inmediatos de la vacunación será la reapertura económica, que es uno de los temas principales de su mandato, y con ello, aliviar la condición de desempleo en que se encuentra una inmensa cantidad de personas. Por ello pienso que el tiempo se agota y no hay muchas semanas más para dar resultados en este frente.
Pero existe otro fenómeno que está creciendo que deberá ser atendido por las autoridades y por este nuevo gobierno. Me refiero a la enorme polarización social que existe en Estados Unidos y, de forma cada vez más recurrente, la radicalización de una buena parte de la sociedad que ha decidido tomar medidas extraordinarias mientras otro sector de la ciudadanía lo relativiza (incluso hasta lo justifica) y cuyos esfuerzos provienen a veces desde las más altas esferas del poder, como es el Congreso de los Estados Unidos. En ese sentido vale la pena traer a cuenta la revisión que el propio Legislativo está haciendo de los hechos ocurridos el pasado 6 de enero, cuando una turba atacó el Capitolio, poniendo en riesgo la vida de varias personas, entre ellos varios congresistas y senadores, incluyendo también al vicepresidente.
Si bien es sabido que en el juicio de desafuero de hace un par de semanas Donald Trump salió victorioso y el Senado decidió no condenarlo, es cierto que una buena parte de los legisladores que votaron en ese sentido lo hicieron por miedo a pagar esa factura política en sus estados y distritos en el futuro, donde es claro que habría retribución por tal efecto. Esto nos deja ver muy claramente que la radicalización política y social habrá sido el legado más importante (no por ello bueno) y también más peligroso de la administración de Trump. Incluso hay voces que lo han llamado como terrorismo doméstico, por las implicaciones y los métodos utilizados.
Habrá que estar atentos porque también este movimiento radical está creciendo como la espuma y se debe hacer algo al respecto. En ese sentido Biden está jugando contra el reloj, pues mientras tiene que cumplir la meta de vacunar al país contra el COVID, evitar las muertes y reabrir la economía, también tiene que luchar al mismo tiempo contra un monstruo de mil cabezas que no le dará tregua y que tratará de imponer su visión de las cosas, así sea con métodos violentos y fuera de los márgenes legales y democráticos. La lucha es por partida doble.
