/ viernes 6 de diciembre de 2019

Cambio de régimen

El gobierno del Presidente López Obrador cumplió su primer año de gobierno y, como ya sabemos, no sólo lo celebró con un mensaje triunfalista; sino que también, enmarcó el progreso del país en una disputa entre los conservadores y el proyecto de la 4T que él encabeza.


Lo cierto es que, a estas alturas, el estilo populista y polarizante del Presidente ya no es sorpresa. Lo que si llama la atención es ver hacia dónde vamos y las decisiones que este gobierno asume con el propósito de asegurar la centralización absoluta del poder en la figura de López Obrador.


Una y otra vez, el Presidente insiste en que su objetivo es concretar un “cambio de régimen”. Conceptualmente hablando, de ninguna manera nos encontramos ante un intento por modificar nuestra forma de estado y de gobierno plasmados en nuestra Constitución y que, hasta hora permanecen intactos.


Lo que hay que decir es que AMLO impulsa un proyecto de largo alcance, bautizado coloquialmente como la “Cuarta Transformación”, pero de ninguna manera esto puede ser considerado un “cambio de régimen”, al menos hasta ahora.


Si se tratara de un auténtico “cambio de régimen”, estaríamos ya en un proceso tendiente a desmontar y reemplazar el régimen político que hemos construido a lo largo de varias décadas y que podríamos sintetizar en: una república representativa, federal y soberana; un sistema presidencialista, democrático y liberal; estado de derecho, economía de mercado, división y equilibrio de poderes, principalmente.


No olvidemos que este régimen que ahora tenemos, fue configurándose a lo largo de las tres etapas en las que AMLO justifica la 4T: la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. En sí mismo, ese régimen es resultado de aquellos tres grandes momentos históricos por los que la Nación ha transitado.


Contamos con un régimen político que tiene plena vigencia y que, a partir de la alternancia del año 2000, lo único que hizo diferente a un gobierno de otro fue el proyecto de Nación que, en su tiempo, impulsaron el PRI, el PAN y ahora MORENA. Es más, el entramado institucional -particularmente la administración pública- no sólo está vigente, sino que, salvo algunos ajustes -cambio de nombre de la SEDESOL y la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana- constituyeron la base para el despliegue de los programas y políticas de la 4T.


Otro resultado notable de ese régimen que durante décadas fuimos consolidando, radica en la garantía de que hoy podemos contar con procesos electorales libres, imparciales y transparentes, con el respeto al voto, con un marco legal e institucional que genera confianza y certidumbre a los mexicanos y, particularmente, que nos garantiza una transmisión del poder de manera pacífica. Tal y como sucedió el año pasado, con la llegada de MORENA al poder.


Desde luego, lo que ha dado al traste con nuestro régimen ha sido, entre otros factores, la corrupción, la impunidad, las complicidades, el quebrantamiento del Estado de Derecho, los negocios hechos al amparo del poder, el abuso y desvío de los recursos públicos, la falta de crecimiento económico y con ello el incremento de la pobreza y la desigualdad, la expansión e infiltración del crimen organizado en distintas estructuras y niveles de gobierno, así como la subordinación del interés colectivo a los intereses personales o de las distintas élites.


En realidad, la 4T intenta enfocar sus esfuerzos para resolver algunas de dichas problemáticas; por el bien del país y el de los mexicanos deseamos que así suceda. Hacia estos déficits parece estar dirigida la Cuarta Transformación, pero equiparar esto con cambio de régimen, me parece que se trata de cosas muy distintas.


Sin embargo, visto desde otra óptica, podríamos decir que estamos transitando hacia un “cambio de régimen” de facto. Este es uno de los saldos del primer año de gobierno.


Me refiero al quebrantamiento del equilibrio y división de los poderes públicos, en el sometimiento del Poder Legislativo y una abierta injerencia en la vida del Poder Judicial, que tienen como objetivo asegurar la supremacía del Ejecutivo.


Pero en ese mismo sentido también se inscribe el debilitamiento -por la vía del recorte de recursos, la imposición de nombramientos de personas cercanas al círculo presidencial, el impulso de reformas a modo o simplemente la presión política- de instituciones autónomas y organismos reguladores que en conjunto ejercen un contrapeso al Ejecutivo (la CNDH, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral, Ifetel, el Inai, Cofece, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente). El caso del INE, representa la muestra más evidente de la intención por someter y controlar a la autoridad electoral.


Si de esto se trata el “cambio de régimen” de la 4T, más que un avance, tal parece que nos dirigimos hacia un verdadero retroceso democrático.


*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.

El gobierno del Presidente López Obrador cumplió su primer año de gobierno y, como ya sabemos, no sólo lo celebró con un mensaje triunfalista; sino que también, enmarcó el progreso del país en una disputa entre los conservadores y el proyecto de la 4T que él encabeza.


Lo cierto es que, a estas alturas, el estilo populista y polarizante del Presidente ya no es sorpresa. Lo que si llama la atención es ver hacia dónde vamos y las decisiones que este gobierno asume con el propósito de asegurar la centralización absoluta del poder en la figura de López Obrador.


Una y otra vez, el Presidente insiste en que su objetivo es concretar un “cambio de régimen”. Conceptualmente hablando, de ninguna manera nos encontramos ante un intento por modificar nuestra forma de estado y de gobierno plasmados en nuestra Constitución y que, hasta hora permanecen intactos.


Lo que hay que decir es que AMLO impulsa un proyecto de largo alcance, bautizado coloquialmente como la “Cuarta Transformación”, pero de ninguna manera esto puede ser considerado un “cambio de régimen”, al menos hasta ahora.


Si se tratara de un auténtico “cambio de régimen”, estaríamos ya en un proceso tendiente a desmontar y reemplazar el régimen político que hemos construido a lo largo de varias décadas y que podríamos sintetizar en: una república representativa, federal y soberana; un sistema presidencialista, democrático y liberal; estado de derecho, economía de mercado, división y equilibrio de poderes, principalmente.


No olvidemos que este régimen que ahora tenemos, fue configurándose a lo largo de las tres etapas en las que AMLO justifica la 4T: la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. En sí mismo, ese régimen es resultado de aquellos tres grandes momentos históricos por los que la Nación ha transitado.


Contamos con un régimen político que tiene plena vigencia y que, a partir de la alternancia del año 2000, lo único que hizo diferente a un gobierno de otro fue el proyecto de Nación que, en su tiempo, impulsaron el PRI, el PAN y ahora MORENA. Es más, el entramado institucional -particularmente la administración pública- no sólo está vigente, sino que, salvo algunos ajustes -cambio de nombre de la SEDESOL y la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana- constituyeron la base para el despliegue de los programas y políticas de la 4T.


Otro resultado notable de ese régimen que durante décadas fuimos consolidando, radica en la garantía de que hoy podemos contar con procesos electorales libres, imparciales y transparentes, con el respeto al voto, con un marco legal e institucional que genera confianza y certidumbre a los mexicanos y, particularmente, que nos garantiza una transmisión del poder de manera pacífica. Tal y como sucedió el año pasado, con la llegada de MORENA al poder.


Desde luego, lo que ha dado al traste con nuestro régimen ha sido, entre otros factores, la corrupción, la impunidad, las complicidades, el quebrantamiento del Estado de Derecho, los negocios hechos al amparo del poder, el abuso y desvío de los recursos públicos, la falta de crecimiento económico y con ello el incremento de la pobreza y la desigualdad, la expansión e infiltración del crimen organizado en distintas estructuras y niveles de gobierno, así como la subordinación del interés colectivo a los intereses personales o de las distintas élites.


En realidad, la 4T intenta enfocar sus esfuerzos para resolver algunas de dichas problemáticas; por el bien del país y el de los mexicanos deseamos que así suceda. Hacia estos déficits parece estar dirigida la Cuarta Transformación, pero equiparar esto con cambio de régimen, me parece que se trata de cosas muy distintas.


Sin embargo, visto desde otra óptica, podríamos decir que estamos transitando hacia un “cambio de régimen” de facto. Este es uno de los saldos del primer año de gobierno.


Me refiero al quebrantamiento del equilibrio y división de los poderes públicos, en el sometimiento del Poder Legislativo y una abierta injerencia en la vida del Poder Judicial, que tienen como objetivo asegurar la supremacía del Ejecutivo.


Pero en ese mismo sentido también se inscribe el debilitamiento -por la vía del recorte de recursos, la imposición de nombramientos de personas cercanas al círculo presidencial, el impulso de reformas a modo o simplemente la presión política- de instituciones autónomas y organismos reguladores que en conjunto ejercen un contrapeso al Ejecutivo (la CNDH, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral, Ifetel, el Inai, Cofece, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente). El caso del INE, representa la muestra más evidente de la intención por someter y controlar a la autoridad electoral.


Si de esto se trata el “cambio de régimen” de la 4T, más que un avance, tal parece que nos dirigimos hacia un verdadero retroceso democrático.


*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.

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