Olga Sánchez Cordero, ha abierto un importante debate sobre la manera en que el Instituto Nacional de Migración (INM) se desempeña, pero sobre todo con hincapié en los cambios necesarios para que éste cumpla con sus objetivos. En el tintero está aún la propuesta de virar hacia un modelo de mano dura que tiene como elemento central una patrulla fronteriza mexicana, por el otro, la mirada crítica de la ex magistrada que pone en relieve las denuncias de migrantes centroamericanos.
El pasado 19 de octubre de 2018, el INM cumplió 25 años de existencia. Su creación tenía como finalidad no sólo sustituir a la Dirección General de Servicios Migratorios (DGSM) de la SEGOB, que regulaba la migración, sino también y como su declaración lo dicta, establecerse como una instancia de seguridad nacional.
El presupuesto asignado para 2019 al INM previó una disminución de 26%, es decir, 468 millones de pesos menos que para 2018, para quedar en mil 330 millones de pesos, frente a una creciente demanda de solicitudes de refugio, que tan sólo el año pasado superó los 26 mil casos. Sin embargo, públicamente se barajea aun con la disminución, la creación de una patrulla fronteriza.
Ante este punto, muchos han señalando que crear una patrulla fronteriza, no sólo reforzaría la tendencia en deportaciones y detenciones que, tuvo un aumento considerable en los últimos años, sino que además sería confirmar que México se convierte en la policía de Estados Unidos para detener a migrantes centroamericanos. Esta afirmación tiene sustento en que de 2011 a 2014, más del 81% del presupuesto del INM, se canalizó a control y gestión migratoria, mientras apenas el 1%, correspondió directamente a atención a necesidades de migrantes.
Uno de los temas más relevantes al respecto, continúa siendo el hecho de que la CNDH y otras instancias locales encargadas en la materia, continúan recibiendo denuncias de extorsión y corrupción por parte de agentes migratorios.
