Hace unos días presenté como parte de un gran esfuerzo conjunto el libro “Cambios Institucionales para el combate a la corrupción” en el marco de la XXI Asamblea General de ASOFIS, la asociación que integra a todos los auditores superiores del país. A invitación expresa de la ASF, subraye que si bien nuestra tesis de que los cambios institucionales son fundamentales, también lo es la prevención y los mecanismos para cumplir las leyes sin dilación, así como la construcción de una cultura diferente en la población.
Diversos estudios calculan que nueve de cada 100 pesos producidos en el país se destinan a la corrupción. A pesar de la gravedad de esto, vemos como existe una enorme discrecionalidad para formalizar la lucha anticorrupción, misma que va desde la falta de designaciones clave para arrancar el SNA, como el hecho de que de 2003 a la fecha 11 Cuentas Públicas no hayan si quiera pasado por el pleno de San Lázaro para su discusión, y mucho menos dictaminadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el tricolor, en especial, no se ha aprobado ninguna cuenta de este sexenio donde los escándalos de corrupción han sido más constantes y estridentes.
Entre los aspectos económicos, se habla de una perdida de inversión de hasta el 5%, mientras que, por fenómenos como la piratería, se pierden más 480 mil empleos al año. En el rango de consecuencias sociales, se habla de que la corrupción significa para las familias del país, hasta un 14% menos de su ingreso anual, mientras que además existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia.
Se calcula que entre enero de 2012 y julio de 2017, el gobierno de México compró bienes y servicios, y contrató obra pública por un monto de 2.7 billones de pesos, unos 135 mil 467 millones de dólares, de los cuales cerca del 10% pudieron haberse destinado a este lamentable fenómeno, ya sea en sobornos o sobrepagos. La iniciativa que presenté al artículo primero de las Leyes de Adquisiciones y la de Obras Públicas, sigue en la congeladora como muestra de esa falta de voluntad institucional.
En el texto que hemos publicado encontramos, sin embargo, ciertos indicadores, y una especie de brújula que nos hace mirar hacia aquellas regiones en dónde hay posibilidades de generar cambios concretos, con resultados positivos.
Oscar Guerra Ford, Comisionado del INAI, habla de los cambios normativos que derivaron de las reformas que dieron pie al SNA, y destaca temas pendientes, así como medidas que coadyuven en la prevención.
María de la Luz Mijangos sostiene que el engranaje que le falta al SNA es la incorporación de las instituciones encargadas de la fiscalización a partidos y candidatos en el Comité Coordinador del mismo, pues el órgano que fiscaliza la legalidad de los ingresos y gastos que se utilizarán en las campañas políticas, no forma parte del SNA.
En mi caso, mi propuesta está relacionada con el resultado de la fiscalización superior a los gobiernos de las entidades federativas y el contexto social. Ahí comprobamos que en aquellos estados donde existen mejores condiciones sociales, también existe un uso de los recursos públicos más transparente, por lo que existe una urgente necesidad de mejorar las condiciones de bienestar social, conclusión que fue gratamente recibida por los propios auditores.
Los cambios derivados del SNA no se han traducido en mayor efectividad contra la corrupción, y mucho menos en una mejor calidad de vida para las personas. Esta compilación tiene valiosas ideas, sugerencias y propuestas concretas para acentuar y acelerar los cambios que son urgentes para terminar con el cáncer del país, que son la corrupción y la impunidad.
Diputada por el Movimiento Ciudadano
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