Si bien, como ya hemos comentado, la normativa prevé que los actos anticipados de precampaña pueden darse una vez que inicia el proceso electoral o, como estableció desde 2015 el tribunal electoral, los servidores públicos podrían incurrir en ellos considerando la proximidad del proceso, es un hecho que los diversos actos organizados por Morena en Toluca, Guadalajara y Coahuila, más allá de tener como propósito “que continue la transformación”, constituyen una secuencia de eventos proselitistas equiparables a una campaña adelantada.
Se trata de eventos realizados en los resquicios de la ley que colocan a los presidenciables del oficialismo ante el electorado, posicionando la marca y potencializando las posibilidades de cada uno. De paso, mientras dirimen diferencias y algunas voces exigen cancha pareja en el proceso de selección interna, dan el banderazo de salida a las contiendas que a partir de los primeros días de 2023 permitirán la renovación de las gubernaturas en los Estados de México y Coahuila, generando evidentes apoyos a las figuras que compiten por las candidaturas morenistas locales.
Las autoridades electorales, otra vez, enfrentan retos complicados para un arbitraje donde las normas y los propios criterios jurisdiccionales, siendo importantes, dejan la puerta abierta para continuar la carrera presidencial. Insisto en una reflexión anterior, si los eventos se repiten periódicamente, si se dan en el marco de una campaña orquestada y permanente, es claro que se está en presencia de actos anticipados de proselitismo que vulneran el principio de equidad en contiendas futuras porque coloca en clara desventaja a quienes más adelante serán competidores partidarios o por la vía independiente. Son campañas sistematizadas no eventos independientes.\u0009
Aún y cuando pudiera coincidir, por ejemplo, con la Sala Regional Especializada que apenas el jueves pasado resolvió un asunto en contra de Claudia Sheinbaum por actos anticipados de precampaña y campaña, derivado de la publicación de notas periodísticas en diversos medios de comunicación digital y en la red social Facebook, en las que el partido accionante consideró que la jefa de gobierno difunde sus aspiraciones para contender en las elecciones de 2024 y la Sala declaró inexistente la infracción porque en las publicaciones no advirtió manifestaciones explícitas, inequívocas o llamados directos al voto o expresiones equivalentes funcionales que permitan inferir que promueve su candidatura.
Es cierto que la Sala fue consistente con criterios sostenidos en estos temas, pero al final, el criterio contrastado con la realidad, se vuelve absurdo porque evidentemente ahora los presidenciables no van a llamar al voto ni van a pedir el voto por su candidatura, pero cumplen su objetivo de mantenerse presentes en la mirada de los electores y aunque no llamen al voto de manera inequívoca, su sola presencia en eventos partidistas o las publicaciones que realizan, los posicionan en las preferencias del electorado. Son maratonistas que ya le sacan varios kilómetros de ventaja a los que más adelante se sumarán en la carrera hacia el poder.
