Por: María Fernanda Ballesteros* (@mfballe)
No, todavía no lo hemos visto todo. Quedan muchas preguntas por contestar sobre la política económica que seguirá esta administración en los cinco años que le restan. La apuesta absoluta por la renovación del Tratado de Libre Comercio con nuestros principales socios es tal vez la señal más fuerte de que continuará una política de mercado, a pesar de que en el discurso se hace mucho ruido en torno a visiones contrarias. En contraste, se han verificado acciones –y, sobre todo, declaraciones– que indican que se le quiere ‘devolver’ al Estado el papel fundamental en la rectoría económica. La creación de una empresa estatal en telecomunicaciones y la referencia constante a la autosuficiencia en el sector energético y alimentario son sólo algunos ejemplos de esto.
En cualquier caso, se trata de un modelo mixto, y por ello es fundamental el lugar que guarda la política de competencia, como condición para la vigilancia de la eficiencia e integridad de los mercados. Como señala Jean Tirole en La Economía del bien común, esta característica es deseable en un mercado porque obliga a las empresas a innovar y ofrecer a los consumidores bienes y servicios a mejores precios, además de asegurar la libertad de empresa y de comercio, una suerte de protección de los ciudadanos ante grupos de interés que buscan usar el sistema político para obtener privilegios.
En un gobierno de izquierda, como se autodefine el nuestro, la discusión sobre cómo la acción de gobierno puede hacer más justos los mecanismos de mercado debería estar en el centro de la discusión. El mundo ya está listo para concebir el nacimiento de una nueva era para la política de competencia y el rol que juega ésta en la determinación de la estructura de los mercados. La demócrata Elizabeth Warren, es un buen ejemplo. Esta candidata a la Presidencia de los Estados Unidos ha puesto en el centro de su plataforma a la política de competencia, pues considera que en las últimas décadas las grandes corporaciones han adquirido demasiado poder sobre la economía de su país, limitando la competencia y afectando a consumidores, trabajadores, emprendedores e innovación.
Así, mientras la izquierda en Estados Unidos busca mayor control por parte del Estado de los gigantes y nuevos monopolios de tecnología, en México el Estado parece mimar a las más grandes empresas (estatales y privadas). La creación del Consejo Asesor Empresarial como un ejercicio de influyentismo alejado de la transparencia, rendición de cuentas y la competencia económica; la reducción de licitaciones públicas –la cual muestra un retraso no sólo de la competencia en el mercado, sino la competencia por el mercado– y la desacreditación de la regulación asimétrica –que pretende una mayor intervención del Estado para evitar que quien tiene un poder de mercado afecte a usuarios y consumidores–, son todas medidas que han caracterizado a este gobierno.
Estas acciones revelan un interés, por parte del poder político, en aprovechar ese endeble sistema de mercado que hemos generado para obtener privilegios a expensas del resto de ciudadanos. Exijamos que esa promesa de separar el poder económico del poder político se dé efectivamente, y que se termine de una vez por todas con ese ‘capitalismo de cuates’ que tanto daño hace a los mexicanos.
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*María Fernanda es coordinadora del programa de regulación y competencia económica de México Evalúa
